Discapacidad. El cocarmi pide a las administraciones que respeten el gasto social y lo dejen fuera de disputas políticas

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), el principal órgano representativo de la discapacidad en Cataluña, pide a la Generalitat que, frente a los actuales problemas de tesorería, “sea proactiva y busque nuevas fórmulas de financiación que dejan fuera de impago a las organizaciones de la discapacidad”.
El comité propone al Govern, entre otras cosas, que facilite al sector de la discapacidad otras vías de financiación, públicas o en colaboración con entidades privadas, “en condiciones preferentes”, así como la asunción de los costes financieros que ahora se derivarán del nuevo aplazamiento en los pagos comprometidos.
Según indica el Cocarmi en un comunicado, el nuevo anuncio de pago parcial a las organizaciones de la discapacidad “puede poner en riesgo, además de la calidad del servicio, la supervivencia de algunas de ellas, sobre todo si tenemos en cuenta que este anuncio se suma a recortes de ejercicios anteriores”.
Asimismo, explica, “perjudicará aún más la ya frágil delicada situación financiera de las organizaciones y puede retrasar el pago de salarios, aplazar o limitar la prestación de servicios debido a la falta de recursos, etc.”.
En su opinión, “aunque las organizaciones hacen todo lo posible para garantizar la atención a las personas, los efectos, de un modo u otro, son inevitables y es por ello que es muy importante que la situación no se prolongue y se busquen soluciones de inmediato”.
“Es preocupante y significativo que, a la hora de decidir los pagos que se aplazan, el colectivo de la discapacidad, especialmente vulnerable en este momento y que acumula años de recortes y estrecheces, suele ser uno de los elegidos, cuando el cuidado de las personas debería formar parte del grupo de partidas intocables, por delante de otros gastos”, asevera el comité catalán.
En este sentido, manifiesta que “parte del problema se debe a los impagos y las restricciones presupuestarias a los que se somete a Cataluña desde el Gobierno del Estado”. “No es admisible situar al sector de la discapacidad en el centro de disputas políticas”, concluye el Cocarmi.