Distribución pide que Ley de la cadena alimentaria no vaya contra el sector

Madrid, 19 mar.- Las tres patronales que agrupan el sector de la distribución han reclamado hoy que la ley de la cadena agroalimentaria no se convierta en una ley "en contra de la gran distribución" y defendieron que las supuestas prácticas abusivas que se les achacan son "casos aislados".

Desde la Asociación de Grandes Empresas de la Distribución (Anged), su director general Javier Millán-Astray se ha quejado de que el debate en los medios de comunicación sobre la ley tiende a "convertir la anécdota en categoría" y pasa por alto "la importante labor social que desempeña la distribución".

"Se suelen unificar las relaciones de la cadena como si fuera un todo homogéneo, cuando no tiene nada que ver el mercado de productos frescos con los envasados; y las relaciones entre productores e industria, con las de industria y distribución", ha señalado en el debate sobre la ley de mejora de la cadena alimentaria en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

El máximo representante de Anged -que agrupa, entre otros, a El Corte Inglés, Hipercor, Hipermercados Carrefour, Alcampo y Grupo Eroski- ha explicado que más del 50 % de los productos frescos se comercializa a través del canal minorista, y cerca del 40 % se destina a la industria; mientras que las cinco mayores cadenas de distribución alimentaria no representan más del 25 % de venta de fresco.

En el caso del producto envasado, desde Anged han apuntado que la gran distribución acapara el 57 % de la cuota de mercado, "un porcentaje muy inferior al de otros países europeos".

Además, Millán Astray ha recordado que en España hay 31.000 industrias de alimentación y bebidas, un sector aparentemente muy atomizado, pero que la negociación de precios con la distribución no se hace en bloque por empresas, sino por categoría de productos, donde "se encuentran industrias que concentran gran parte del mercado".

El director general de la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, ha indicado que comparten "los fines y lo esencial", aunque ha expresado su preocupación por que la ley "quiera regular demasiado y rompa la unidad de mercado".

"Nos parece lógico que la ley haga una discriminación positiva en favor del eslabón más débil de la cadena", ha detallado.

Sin embargo, desde esta asociación que representa a cadenas como Mercadona, Día, Ahorra Mas, DinoSol, Consum, Coviran o Alimerka, entre otros, han manifestado el peligro de que la ley "quiera regular demasiado y rompa la unidad de mercado", al relegar la función de control a la administración autonómica.

Respecto a las supuestas prácticas discriminatorias de la distribución para imponer sus marcas blancas en el lineal frente a las de fabricante, García Magarzo ha rechazado que la ley entre a "regular los surtidos".

Ha defendido así que la distribución elige su surtido entre el casi millón y medio de referencias de alimentación que hay en el mercado, en función de las preferencias que marcan los consumidores cada día con sus compras.

Para Aurelio del Pino, director general de la Asociación Española de Supermercados (ACES), la ley debe atajar varios problemas endémicos del sector agroalimentario español y velar por que las empresas sean rentables, innovadoras y enfocadas a las demandas del mercado.

Según esta asociación que agrupa a los supermercados Carrefour, supermercados Eroski, Simply, Supercor y Lidl, una de las estrategias que debe guiar el futuro del sector agroalimentario pasa por la "integración de la cadena de valor para lograr dimensiones competitivas, de un tamaño suficiente para lograr mayor capacidad e negociación".

Asimismo, Del Pino ha salido al paso de algunas de las críticas habituales a la gran distribución como que vende a pérdidas -"es imposible porque la ley lo prohíbe"-; o que no paga a tiempo a sus proveedores -"desde 1999 todos los productos frescos se pagan en un plazo de 30 días; y desde 2004, el resto de alimentos en 60 días"-.