Distribuidores temen que sanciones de Ley de Cadena rompan unidad de mercado

Madrid, 9 may.- El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, ha afirmado hoy que comparten los objetivos de la Ley de la Cadena Alimentaria, aunque temen que el régimen sancionador administrativo que incluye "rompa la unidad de mercado".

García Magarzo ha advertido hoy en una rueda de prensa en la sede de la patronal de la distribución en Madrid que sería "muy arriesgado en el futuro" dejar que las Comunidades Autónomas decidan qué sanciones aplicar en caso de incumplir la ley, lo que daría lugar "a distorsiones y desequilibrios, que es precisamente lo que la ley trata de evitar".

"El Gobierno es consciente de ese problema y por eso se ha comprometido a consensuar el régimen de sanciones en sus periódicas reuniones sectoriales con las comunidades, pero nos parece un riesgo a largo plazo para la unidad de mercado", ha subrayado el director general de esta asociación que representa a Consum, DIA, Mercadona y las centrales de compra Euromadi e IFA (y sus miembros asociados).

Sin embargo, ha lamentado que no se haya valorado, "ni en el proyecto de ley, ni en las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios mayoritarios", ninguna otra fórmula alternativa para vigilar el buen funcionamiento de la ley y penalizar si es preciso.

"Es muy difícil garantizar sólo con sanciones administrativas el buen funcionamiento de una ley que regulará un sector que mueve un elevado volumen de transacciones comerciales y que supone el 20 % del PIB nacional", ha precisado García Magarzo.

Al margen de esta cuestión, desde Asedas han expresado su conformidad tanto con los objetivos de la ley -"equilibrar las relaciones de la cadena y proteger los eslabones más débiles"-, como con "el ámbito jurídico que regula, al no exigir las mismas obligaciones a una pyme que a una gran industria".

García Magarzo también se ha mostrado satisfecho con el establecimiento del contrato por escrito como eje central de las relaciones comerciales que se produzcan dentro de la cadena agroalimentaria, un instrumento que "es clave para garantizar la transparencia y el equilibrio".

Sin embargo, el director general de Asedas ha lamentado que en el transcurso del debate parlamentario de la ley -que cerró la semana pasada su plazo de enmiendas y previsiblemente pasará al Senado a finales de mes- "haya quién ha querido convertirlo en un debate contra las prácticas de la distribución" y "regular los surtidos comerciales de los supermercados".

"Afortunadamente, ni en la ley ni en las enmiendas de los grupos mayoritarios aparece nada que nos haga pensar que se quieran regular los surtidos comerciales, algo que tampoco sucede en ninguna ley de Europa, ni siquiera la francesa que es la más intervencionista", ha señalado.

En ese sentido, García Magarzo se ha defendido de "lo que algunos llaman prácticas abusivas de la distribución" a la hora de elegir el surtido de sus productos y ha aclarado que es "la obligación y la responsabilidad" de la distribución seleccionar qué productos vende, lo que, en su opinión, "no quiere decir discriminar unas marcas sobre otras".

El director general de Asedas ha puntualizado que "no tiene sentido" que se acuse a la distribución de querer imponer mayores mayores márgenes a las marcas de fabricante que a las propias (marca blanca), ya que "cualquier distribuidor solo quiere vender todos los productos que tiene en el lineal al mejor precio posible".