Es probable que para un contribuyente que acumula un patrimonio personal superior a los 30 millones de euros tener que pagar medio millón por el Impuesto de Patrimonio no constituya un drama personal. La situación, no obstante, debe ser bastante molesta si se tiene en cuenta que el Gobierno lo mantiene vivo de forma provisional a la espera de encontrar el momento idóneo para hacerlo desaparecer, que hay lugares del mismo país donde no se paga, como la Comunidad de Madrid, y que es una figura que hace años que desapareció del marco fiscal de los principales países de la UE.
El párrafo introductorio viene a cuento porque el Ministerio de Hacienda acaba de revelar los últimos datos disponibles sobre la recaudación por el Impuesto de Patrimonio - corresponden al ejercicio de 2015, la declaración que se presentó el año pasado - y éstos revelan que nunca antes se había hecho pagar tanto a las principales fortunas del país por su patrimonio personal.
El dato que sustenta esta afirmación es la cuota media ingresada por las comunidades autónomas - por todas las de régimen común, salvo la Comunidad de Madrid- a cuenta del patrimonio personal de los contribuyentes con una fortuna valorada en más de 30 millones de euros.
La factura media a la que tuvieron que hacer frente los miembros de este selecto grupo compuesto por 549 contribuyentes (la mitad de los cuales se libró de pagar por residir en la Comunidad de Madrid) ascendió a 522.044 euros, la mayor jamás registrada desde que la Agencia Tributaria hace el seguimiento anual de estos datos (2003).
Ese año los 65 contribuyentes que declaraban una fortuna personal superior a los 30 millones de euros abonaron de media algo más de 325.000 euros. Cuatro años después, cuando el Ejecutivo decidió liquidar Patrimonio para presentar un marco fiscal más propio de un país avanzado de la UE ya eran 233 los contribuyentes por encima de ese umbral y 477.000 euros la cuota media que abonaban. La 'resurrección' de Patrimonio en el último año del Gabinete Zapatero presentó un impuesto más orientado a gravar a los más ricos y la cuota media se situó ligeramente por encima del medio millón de euros. Nunca llegó al nivel de 2015.
En esta transición la parte de la recaudación de Patrimonio que se explica por la aportación de esas grandes fortunas ha pasado del 5% a casi el 11% en 2015, cuando pagaron 107 millones de euros de los 1.003 millones que se recaudaron por esta figura fiscal.Los más ricos, objetivo prioritario
La situación no es casual y tampoco se puede atribuir a una reactivación económica que en 2015 era todavía muy tenue. Por el contrario, sí que ha habido numerosos retoques en la normativa del impuesto que han alimentado esta situación.
Más de la mitad de las catorce ejecutivos autonómicos no forales que aplican el Impuesto de Patrimonio han adoptado medidas para exigir un mayor esfuerzo fiscal a las mayores fortunas locales. Mientras la normativa básica estatal establece un tipo máximo del 2,5% en el Impuesto de Patrimonio, Cataluña ha llevado su tipo máximo hasta el 2,75%, Asturias y la Región de Murcia, al 3%; Andalucía y Galicia, al 3,03%; la Comunidad Valenciana, al 3,12%; Baleares, al 3,45%; y Extremadura, al 3,75%.
No sólo han actuado 'por arriba'. Aragón (400.000 euros), Cataluña y Extremadura (500.000 euros) y Comunidad Valenciana (600.000 euros) han reducido el mínimo que exime de la necesidad de tributar por Patrimonio a los contribuyentes por debajo del suelo fijado en la normativa estatal: 700.000 euros.
Todo ello ha servido para que el número de contribuyentes obligados a declarar por Patrimonio se haya incrementado un 43% desde 2011, de 131.000 a 188.000 y a disparar la recaudación un 36% hasta superar en 2015 los 1.000 millones de euros por primera vez desde la reimplantación del impuesto.El oasis de la Comunidad de Madrid
La situación tiene visos de mantenerse. El Gobierno, que había datado la supresión del Impuesto de Patrimonio en 2017, ha eludido esta obligación y ha determinado prorrogar también durante este año su vigencia y en la información remitida a Bruselas cuenta con los ingresos por este impuesto en la senda de consolidación fiscal del Reino de España. De hecho los cifra en 1.300 millones de euros.
Tradicionalmente han sido Cataluña y la Comunidad de Madrid los que han aportado la mitad de los ingresos por Patrimonio. Sin embargo, la Comunidad de Madrid decidió ya en 2011 que no restituiría Patrimonio y aprobó una bonificación del 100% en la cuota del impuesto. Un camino que ahora pretende seguir La Rioja, que ya lo tiene bonificado en un 50%.
Desde entonces la región 'ha renunciado' a más de 3.200 millones de euros en ingresos, 796 millones sólo en 2015. Eso que se han ahorrado los madrileños.
Cataluña, por el contrario, se ha agarrado al Impuesto de Patrimonio, que ha modulado para sacarle el mayor partido posible, elevando los tipos respecto al marco estatal y rebajando el mínimo exento en una operación que convirtió en declarantes por Patrimonio a más de 20.000 catalanes. En 2015, Cataluña ganó 1.500 contribuyentes más y recaudó 464 millones de euros por esta figura.
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