Hacienda publicará los nombres de los directivos morosos para que paguen

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha remitido hoy a Bruselas la actualización del Plan presupuestario 2017, en el que señala que para fomentar el pago de las cantidades adeudadas se regulará la posibilidad de no incluir en las listas de morosos los nombres de aquellos que salden sus deudas con Hacienda, después, incluso, de haberles notificado "la propuesta de inclusión". Con la medida el Gobierno espera recaudar otros 150 millones de euros.

Esta es una de las medidas que incluye en el plan presupuestario que remitido a Bruselas para garantizar que cumplirá con el objetivo de déficit público fijado en el 3,1% del PIB para 2017. 

Según informa El País, el Ejecutivo explica, en el documento de 47 páginas, que tendrá que modificar el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que establece el carácter reservado de los datos tributarios, "para incluir a los responsables solidarios y subsidiarios" en la lista de morosos.

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La actualización del plan presupuestario (draft budgetary plan) del año 2017 remitida a Bruselas incluye la revisión del cuadro macroeconómico y las nuevas medidas tributarias y de lucha contra el fraude que tendrán un impacto de 7.500 millones de euros, para alcanzar el objetivo de déficit del 3,1% el próximo año.

El plan recoge la actualización del cuadro macroeconómico aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, en el que el Gobierno contempla una previsión de crecimiento económico del 3,2% para este año y del 2,5% para el que viene, lo que permitirá recuperar a mediados del próximo año el nivel de renta previo a la crisis, y facilitar un alza del PIB del 2,4% tanto en 2018 como en 2019.

Según informa Europa Press, además, el Ejecutivo prevé la creación de casi dos millones de empleos en el periodo 2016-2019, lo que permitirá superar los 20 millones de ocupados en cuatro años y reducir

progresivamente la tasa de paro hasta el 12,8% a finales de 2019.

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De igual forma, el plan incluye el límite de gasto no financiero de 2017, que tendrá que ser convalidado en el Congreso y que se ha fijado en 118.337 millones de euros. 

En detalle, el plan presupuestario contempla un objetivo de ingresos totales del 38% del PIB este año y algo superior, del 38,2%, en 2017, toda vez que el gasto total supondrá el 42,5% del total este ejercicio, para disminuir al 41,3%, hasta 479.991 millones, el próximo año.

El gasto de las administraciones disminuirá en las tres grandes partidas: en Educación pasará de un 9,51% de este año a un 9,45% en 2017 (3,9% del PIB); el de Sanidad del 14,4% al 14,34% (5,92% del PIB), y el de Empleo del 4,97% al 4,65% (1,92% del PIB).Presupuestos por áreas

No obstante, en términos homogéneos se eleva el gasto en Educación (45.382 millones, un 0,5% más), Sanidad (68.840 millones, un 0,7%) y protección social (191.294 millones, un 1,8%).

También sube en servicios públicos generales (68.946 millones), defensa (10.499 millones), orden público y seguridad (21.284 millones), protección del medio ambiente (9.450 millones), vivienda y servicios comunitarios (5.361 millones), actividades recreativas, cultura y religión (12.452 millones); mientras que disminuye en asuntos económicos, hasta 46.483 millones.

Con estas previsiones, los objetivos de estabilidad y deuda pública contemplan un déficit máximo del 3,1% del PIB en 2017, frente al 4,6% de este año. Para 2018, el déficit público deberá bajar hasta el 2,2% y para 2019 la senda marcada es que el desajuste entre ingresos y gastos disminuya hasta el 1,3%.Reforma de Sociedades

Para alcanzar todos estos objetivos y cumplir así con la senda de consolidación fiscal comprometida con Bruselas, el plan presupuestario incluye las medidas tributarias aprobadas por el Ejecutivo para recaudar 7.500 millones de euros más.

Como principales novedades, contemplan una modificación del Impuesto de Sociedades (impacto de 4.655 millones), el incremento de los llamados impuestos especiales y medioambientales (850 millones), mejoras en la aplicación de los tributos (1.500 millones) y medidas de lucha contra el fraude (500 millones).

Para lograr una recaudación adicional en el Impuesto sobre Sociedades de 4.655 millones de euros se limita la compensación de bases imponibles negativas y se recortan ciertas deducciones relacionadas con la doble imposición de dividendos, entre otras.Impuestos especiales y medioambientales

En cuanto al impuesto sobre el tabaco, se adecúa el sistema actual de doble mínimo a las recomendaciones de la UE y se incrementa el tipo específico frente al ad valorem, al tiempo que se eleva el nivel mínimo de imposición: en el caso de los cigarrillos sube un 2,5% y para la picadura de liar, un 6,8%. El impacto de la subida será de 100 millones de euros.

En cuanto el impuesto al alcohol, se incrementa un 5% la fiscalidad que grava el consumo de los productos intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas -no se modifican los tipos impositivos de la cerveza y el vino- y afecta tanto a la imposición de la Península como de las Islas Canarias, lo que reportará en torno a 50 millones de euros.

Otros 200 millones más se ingresarán en 2017 por el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, que se regulará legalmente a lo largo de 2017, de manera que su recaudación será a partir de ese año.

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De igual forma, España pondrá en marcha el año que viene una reforma en el ámbito de la imposición medioambiental, con un impacto de 500 millones de euros, para asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y lograr una progresiva convergencia con la media de la UE en materia de tributación ambiental. Los ingresos procedentes de impuestos ambientales representaban en España el 1,85% del PIB en 2014, inferior al 2,46% del conjunto de la UE, según datos de Eurostat.

También en materia fiscal el Ejecutivo prorroga en 2017 el Impuesto sobre el Patrimonio y actualiza los valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se suman a las medidas aprobadas para mejorar la aplicación de los tributos que realizan las administraciones tributarias.

Concretamente, se suprimirá la posibilidad de conceder aplazamientos para determinados tipos de deudas, en particular las correspondientes a impuestos repercutidos no ingresados previamente por los contribuyentes (IVA), a pagos fraccionados o a deudas previamente suspendidas mientras se tramita un recurso, lo que supondrá una anticipación de ingresos por importe de 1.500 millones anuales.

En materia de lucha contra el fraude, se ha aprobado la rebaja a 1.000 euros del límite de pago en efectivo, así como a la obligatoriedad para unas 60.000 empresas (que aportan el 80% de la facturación de IVA) de informar de las facturas de IVA en tiempo real, con la finalidad de que el sistema esté plenamente operativo a mediados de 2017.