El congreso aprueba la ley de fomento de integración cooperativa y la ley de la cadena alimentaria

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la Ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, así como a la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Según el Gobierno, la ley de integración cooperativa supone un fuerte impulso y avance hacia un nuevo modelo cooperativo en España. De esta manera, el Gobierno cumple con uno de sus compromisos "y culmina una parte importante de sus reformas estructurales".
Con esta nueva ley se impulsa un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante. De esta forma, se contribuye a la sostenibilidad del sector agroalimentario y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del medio rural.
España cuenta con cerca de 4.000 entidades y más de un millón de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012, dando empleo directo a cerca de 100.000 trabajadores.
No obstante, el sector se caracteriza por una "elevada atomización", lo que
provoca que las cooperativas no vean rentabilizados sus esfuerzos e inversiones.
El Gobierno apunta que para conseguir mayor competitividad, modernización e internacionalización, se hace "imprescindible" impulsar medidas que fomenten la concentración de la oferta en origen y que potencien la creación de grupos comercializadores de base cooperativa y dimensión supraautonómica, capaces de operar a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, en los mercados nacionales e
internacionales.
En cuanto a la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, el objetivo es mejorar el funcionamiento y la vertebración de la misma, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español.
Al mismo tiempo, la ley reducirá el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia "justa, lo que redundará en beneficio tanto del sector como de los consumidores".