El CSN acepta nuevo plazo para Garoña, cuyo futuro depende ahora del Gobierno

Madrid, 24 may.- A la espera de la decisión final del gobierno, la central burgalesa de Garoña cuenta ya con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear para que durante el plazo de un año reconsidere la reactivación de su explotación, en la que están involucradas las eléctricas Endesa e Iberdrola.

La larga deliberación del CSN, que se prolongó durante cuatro jornadas de esta semana, concluyó con el voto afirmativo y definitivo de los dos consejeros del PP, Fernando Castelló y Fernando Martí, y el de CiU, Antonio Gurrí, a pesar de los votos en contra de Cristina Narbona y Rosa Velasco, del PSOE.

El CSN informó hoy en una nota de prensa que la decisión de conceder mas tiempo a Garoña para retomar su actividad se apoya en informes técnicos y jurídicos y en las evaluaciones realizadas este año, tras el anuncio de parada fría de la nuclear, que pretende almacenar el combustible irradiado en su piscina.

El dictámen del CSN estipula que durante el plazo concedido, Garoña no podrá introducir combustible en el reactor sin autorización previa y debe mantener su situación de "parada segura".

Antes de una hipotética carga del combustible, el CSN exigiría realizar las modificaciones de diseño requeridas en anteriores informes sobre la planta y seguir las instrucciones técnicas complementarias relativas a programas de mejora de la seguridad, además de mantener las modificaciones de diseño derivadas del accidente de Fukushima, en Japón.

Las primeras reacciones ante el anuncio del Consejo han puesto en entredicho la independencia de ese organismo, que podría haber aceptado "presiones" del Gobierno.

La propia Narbona, exministra socialista de Medio Ambiente, afirmó a EFEverde que el Gobierno ha ejercido "presión" para que el organismo se pronunciara a favor de Garoña y que han primado los "intereses económicos".

"Es un ataque la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear que no se justifica", ha afirmado la exministra, en cuya opinión Nuclenor, la sociedad propietaria de la central, podría haber cesado su actividad el próximo 6 de julio como estaba previsto y pedir luego una renovación de la licencia de explotación.

Según Narbona, éste es un "precedente malo", porque significa dar "autorizaciones exprés al gusto del consumidor. Preocupa que ésta decisión forzada por el Gobierno reste credibilidad al Consejo de Seguridad Nuclear", un organismo autónomo e independiente que solo rinde cuentas al Parlamento, agregó.

El director ejecutivo de la organización ecologista Greenpeace, Mario Rodríguez, declaró a EFEverde que el CSN se ha visto obligado a dar una "coartada" al Partido Popular y han tomado una decisión política en detrimento de la seguridad nuclear del país.

Esto "afecta negativamente al rigor y a la profundidad necesarios para realizar las inspecciones, la evaluación de las modificaciones del plan de cese de la explotación, el nuevo proceso inédito abierto y el plan de acción para las pruebas de resistencia que tienen aprobado y en ejecución", apuntó.

El presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, declaró, por su parte, que el CSN ha tomado una decisión basada en criterios ideológicos y no técnicos, lo que sienta un precedente "muy negativo".

La central de Garoña, diseñada para funcionar 40 años, ya no es necesaria en el sistema eléctrico, añadió García Breva, para quien sobra el 60 % de la potencia eléctrica instalada.

Para el portavoz en temas nucleares de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, la decisión del CSN, con el voto de calidad de su presidente, "hace un daño enorme" a la imagen del organismo regulador, tanto en España como en otros países, que estaban pendientes del trámite.

El experto agregó que es "técnicamente inadmisible" que en el acuerdo del pleno del CSN se dicte un plazo de cinco días para que se elabore un informe que señale las condiciones de seguridad que debería cumplir la planta.

Y aunque reconoció que es el Ministerio de Industria el que tiene la capacidad para revocar total o parcialmente la orden de cierre de la central, fijada para el próximo 6 de julio, subrayó que el CSN era "la última barrera" ante las pretensiones del operador.

Desde Vitoria, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, también mostró su "rotunda disconformidad" con la decisión del CSN sobre Garoña, que es una localidad burgalesa próxima al País Vasco. Afirma que es una central de la primera generación "obsoleta en su concepción" y que con 43 años de explotación "ha sobrepasado el umbral de su vida útil de funcionamiento".

La orden de cierre definitivo de Garoña fue aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2009, pero el Gobierno del PP revocó la decisión y se mostró favorable a la prolongación de su vida útil, una de sus promesas electorales.

Nuclenor se negó entonces a solicitar la prórroga (hasta 2019) si no se le eximía de pagar las nuevas tasas que recoge la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.