El fin de la colegiación reducirá el PIB en 3.300 millones, según asociación

Madrid, 23 sep.- La Unión Profesional (UP), que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, ha advertido hoy de que la supresión de la adscripción obligatoria podría suponer una reducción del PIB de más de 3.300 millones de euros en cinco años y un alto coste social.

Esta asociación ha hecho llegar al Ministerio de Economía hoy, último día de plazo, un documento común de alegaciones al anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales, aprobado el pasado agosto en el consejo de ministros.

Según la UP, la apertura de los campos de ejercicio profesional a operadores "que no estén bajo una sujeción de normas mínimas de comportamiento en garantía de los derechos de consumidores y usuarios" tendrá un impacto tanto económico como social.

Según sus datos, la "falta de control" al suprimir la colegiación obligatoria de los 616.000 profesionales afectados por el texto podría suponer una reducción del PIB de 3.317 millones de euros en cinco años.

En lo que a la autorregulación respecta, se resalta el hecho de que las corporaciones colegiales tienen funciones públicas encomendadas por la ley con el fin de garantizar su independencia.

En este sentido, la función de control que se otorga a las administraciones públicas "supone una injerencia en estas organizaciones de la sociedad civil, convirtiéndolas en un órgano administrativo inferior y subordinado al correspondiente Departamento o Ministerio y quebrando su imprescindible independencia".

Además a su juicio "los supuestos que legitiman la intervención de la administración de tutela (insuficientemente descritos) son completamente desproporcionados".

UP destaca también la necesidad de que se establezca una interlocución del Gobierno con el subsector de los servicios profesionales, y sus organizaciones colegiales, real y efectiva para el mejor y más eficiente funcionamiento del sistema democrático.

Esta asociación pretendería mantener la colegiación en todas aquellas profesiones cuyo ejercicio afecte a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente.

Entre ellas destaca las sanitarias, las jurídicas o las técnicas (en su más amplio ejercicio), pero también los psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física.

El Ejecutivo introdujo este proyecto en el Plan Nacional de Reformas, en parte por la recomendación a España de los organismos internacionales, y con el fin de reforzar las medidas de transparencia y buen gobierno.