El frob dice que bfa y bankia podrán repartirse como máximo 780 millones de contingencia por los pleitos de la salida a bolsa

La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha acordado reconocer al Consejo de Administración de BFA la facultad de suscribir un acuerdo de reparto entre ella y Bankia de las contingencias derivadas de los pleitos civiles relacionados con la oferta pública de suscripción de acciones del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, por una cuantía máxima de 780 millones.
El Frob es accionista único de BFA Tenedora de Acciones e, indirectamente, de Bankia, donde controla el 62% del capital.
Desde el Frob indicaron, en un comunicado, que habiéndose constatado que existe fundamento jurídico para el citado acuerdo, la Comisión Rectora estima que “concurren elementos suficientes para otorgar la referida facultad, cuyo efectivo ejercicio corresponde decidir al equipo gestor de BFA”.
Además, explicó que con el fin último de asegurar la utilización “más eficiente de los recursos públicos y maximizar el retorno” sobre el apoyo público realizado para la restructuración del Grupo BFA/Bankia, la Comisión Rectora ha acordado la imposición de ciertos criterios a la facultad conferida.
Entre ellos se incluye la exigencia de que el eventual acuerdo se limite al reparto de la contingencia máxima estimada actualmente por Bankia, que asciende a 780 millones de euros en el escenario más adverso.
En todo caso, el Frob quiso dejar claro que la adopción de esta decisión, así como los términos del acuerdo que finalmente pudiera suscribirse entre BFA y Bankia, “no supone la asunción de responsabilidad alguna por parte de estas entidades ni altera en ningún punto la estrategia procesal” que el Fondo ha seguido hasta el momento.
Además, asegura que esta línea de actuación se “mantendrá en el futuro en relación con los distintos procesos judiciales que se siguen como consecuencia de la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia y salida a bolsa”.
El Frob asegura que BFA cuenta actualmente con un patrimonio neto “suficiente” para asumir el coste de su hipotética participación en el acuerdo mencionado anteriormente, por lo que “en ningún caso ésta supondría la utilización de recursos públicos adicionales”.