El Gobierno abre la posibilidad de acuerdos compra armamento con otros países

Madrid, 24 ene.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una serie de medidas sobre exportación de material de Defensa que, entre otras cuestiones, permitirá celebrar acuerdos gobierno a gobierno en la compra de armamento.

La norma aprobada hoy, mediante un real decreto, incluye medidas para apoyar la internacionalización de las empresas españolas del sector de la Defensa, pero no modifica la normativa vigente en materia de control del comercio exterior de material de defensa.

El Gobierno aprobó el 25 de mayo de 2012 un real decreto ley para la liberalización del comercio y para apoyar las exportaciones de las empresas españolas del sector de la defensa.

Esa normativa articula la posibilidad de suscribir contratos Gobierno a Gobierno para la exportación de material de defensa.

Ahora, el Ejecutivo ha dado un paso más y en la nueva normativa articula la posibilidad de celebración de un contrato entre el Gobierno de España y un Gobierno extranjero, en virtud del cual el Ministerio de Defensa, en nombre y representación, y por cuenta y riesgo, del citado Gobierno extranjero, gestiona la compra de un determinado material o tecnología de defensa.

La posibilidad de celebrar acuerdos Gobierno a Gobierno había sido, hasta ahora, un elemento de competitividad discriminatorio para las empresas españolas en la mayoría de los concursos internacionales, según la reseña del Consejo de Ministros.

Son muchos los Gobiernos que exigen, como requisito indispensable, acuerdos con el Gobierno del país de origen, en el que deposita la gestión de los programas en todas sus fases hasta la entrega del material.

La nueva regulación permitirá a la industria de defensa española afrontar con más garantías su apertura al exterior.

En muchos casos había contratos que no se cerraban porque en España no existía el mismo grado de respaldo de las autoridades públicas.

El bien adquirido, según precisa la referencia del Consejo de Ministros, no se integrará en el patrimonio de las Administraciones Públicas.

Según el Ejecutivo, la nueva normativa se enmarca en el esfuerzo del Gobierno por internacionalizar las empresas españolas.