El gobierno aprueba el estatuto de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal


El Gobierno dio este viernes el visto bueno al Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), el nuevo organismo independiente que se va a encargar de la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas.

De esta manera, este organismo podrá comenzar a ejercer sus funciones, con lo que se da pleno cumplimiento a la normativa europea.
La AIRF, que preside José Luis Escrivá, contará con funcionarios de carrera o, en su caso, personal laboral procedente de otros organismos nacionales, como el Banco de España, o internacionales.
Ejercerá sus funciones en todo el territorio español de forma única y exclusiva, y con respecto a todos los sujetos integrantes del sector público.
Deberá emitir informes, entre otras materias, sobre las previsiones macroeconómicas, sobre la metodología para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y la tasa de referencia de crecimiento. También sobre el proyecto de Programa de Estabilidad, el análisis de la ejecución presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto.
Además, informará sobre el establecimiento de los objetivos individuales para las comunidades autónomas, los planes económicos-financieros y planes de reequilibrio de la Administración central y las comunidades autónomas, y los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas.
La Autoridad también elaborará opiniones a iniciativa propia y realizará los estudios que le soliciten el Gobierno, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de la Administración Local y la Comisión Financiera de la Seguridad Social, así como comunidades autónomas y entidades locales, siempre que se refieran a cuestiones de su competencia y no afecten a ninguna otra administración.
Su vía fundamental de financiación es la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, creada por la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de creación de la Autoridad y prevista ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, así como los precios públicos por estudios, que deben satisfacer las administraciones públicas sobre las que ejerza sus funciones.

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