El Gobierno argentino mete presión al rentable sector de la telefonía móvil

Natalia Kidd

Buenos Aires, 8 jun.- El Gobierno argentino ha decidido meter presión al rentable mercado local de la telefonía móvil y ha advertido a las empresas del sector de que podría vetar el alta de nuevos usuarios si no mejora la calidad de los servicios a los actuales clientes, cuyas quejas son crecientes.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ordenó esta semana a la Secretaría de Comunicaciones que establezca en el plazo de un mes nuevos requisitos de calidad para la prestación de los servicios.

El nuevo reglamento dará a las autoridades la facultad de adoptar "medidas preventivas", como suspender la comercialización y activación de nuevas líneas y servicios por parte de las empresas.

El decreto, publicado el jueves, ha causado sorpresa en un mercado muy rentable y de alta penetración, donde los mayores operadores son Movistar, del grupo español Telefónica; Claro, filial de América Móvil; y Personal, controlada por Telecom Argentina.

El Gobierno alegó que busca garantizar a los usuarios actuales "el efectivo cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones" y de "evitar un deterioro grave en la calidad de los servicios de telecomunicaciones".

Como argumento, el Ejecutivo alertó de que entre febrero y abril pasado se incrementaron los reclamos de los usuarios móviles por problemas con los créditos prepagos (86,41 %); con los servicios de datos (70,65 %); la facturación (24,72 %); con los servicio de mensajería corta (10,16 %); y por no acceso al servicio (6,54 %).

Fuentes del sector consultadas por Efe atribuyen buena parte de los problemas a las dificultades para la instalación de antenas y al freno en las licitaciones del espectro radioeléctrico.

La última vez que se licitó el espectro radioeléctrico para servicios de telefonía fue en 1999, cuando Argentina, que hoy tiene unas cuarenta millones de líneas móviles efectivamente activas, tenía apenas cuatro millones y no existían los mensajes de texto, ni los números gratuitos ni el trafico de datos.

En abril pasado, el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, ya había advertido a las empresas que debían invertir "fuertemente" pues las "telefónicas han ganado mucho dinero" y no tienen "excusas" para no "potenciar el servicio".

"Es un negocio rentable, con tarifas no reguladas", dijo a Efe Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados, consultora especializada en telecomunicaciones.

Para el analista, la medida es "una forma de presionar a los operadores inviertan. Pero aquí hay culpas compartidas. El Estado no hizo nuevas licitaciones del espectro radioeléctrico".

A su juicio, el decreto "debió hacerse hace mucho y viene a romper con una parálisis de regulación de hace años. Hace veinte años que hay telefonía celular y nunca se establecieron parámetros de calidad de servicio", agregó.

La medida ha sacudido al sector de la telefonía, que ya había visto con recelo los recientes anuncios del Gobierno sobre su intención de competir palmo a palmo con los operadores privados a través de la firma estatal Arsat, aunque aún no está claro cómo la firma se insertará efectivamente en el sector.

Según los datos oficiales más recientes, en abril pasado las líneas de telefonía móvil en Argentina ascendían a 59,7 millones, un 3,2 por ciento más que en igual mes de 2012.

Pero el crecimiento es mucho mayor si se observan la cantidad de llamadas realizadas, que en el primer cuatrimestre del año pegaron un salto interanual del 19,4 por ciento, y el número de mensajes de texto cursados, que aumentó un 24,5 por ciento, lo que evidencia el mayor uso de las redes móviles.