San Juan, 7 jun.- El Gobierno de Puerto Rico evalúa las consecuencias de una hipotética degradación de la deuda de la isla caribeña, a nivel de "bono basura", por parte de las agencias de calificación, mientras se negocia el presupuesto del próximo año fiscal.
El diario El Nuevo Día revela hoy que el Ejecutivo de Alejandro García Padilla ordenó que se revise un informe elaborado durante el pasado cuatrienio en el que se detallan las consecuencias de una posible degradación de la deuda del Gobierno a nivel de "bono basura", lo que significa riesgo de impago.
El periódico se refiere al informe "Consecuencias económicas y financieras de la degradación de la deuda del Gobierno de Puerto Rico por debajo del grado de inversión", que el Ejecutivo habría hecho revisar durante estos días por medio del estatal Banco Gubernamental de Fomento.
La razón es conocer el escenario que se puede encontrar el Ejecutivo si, finalmente, no hay acuerdo con las cámaras legislativas para sacar adelante el presupuesto del año fiscal que comienza el 1 de julio, lo que puede llevar a la temida degradación por parte de las agencias de calificación de deuda.
El Nuevo Día detalla que las consecuencias a que hace referencia el informe, si las agencias colocan la deuda a nivel "bono basura", incluyen que los bonos de Puerto Rico pierdan un tercio de su valor, con la consiguiente merma de riqueza para los tenedores particulares de títulos.
Los ahorradores que invirtieron en planes de pensiones perderían también en la medida en que caiga el valor de los bonos emitidos.
La banca comercial sufrirá también al caer el valor de sus carteras de inversión en esos bonos, lo que puede situar el capital de los bancos por debajo de los mínimos requeridos por ley y conducir, incluso, al cierre de entidades financieras.
El Gobierno, de producirse esa degradación de la deuda, no podrá acceder a los mercados de financiación, reducirá drásticamente su gasto, tendrá lugar un estrangulamiento del crédito a particulares y empresas, se deteriorará el clima de inversión y subirá el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
El informe al que se refiere el rotativo, elaborado conforme a la situación que se vivía durante el pasado cuatrienio, apunta que si se quiere equilibrar el déficit que arrastra el Gobierno habría que despedir a 60.000 empleados públicos o elevar el IVU hasta el 18,5 %, dos veces y media más que el nivel actual.
Los líderes del Legislativo puertorriqueño negocian actualmente con el Gobierno cómo cuadrar el presupuesto del año fiscal entrante que se inicia el 1 de julio.
El Gobierno quiere para equilibrar el presupuesto reunir los 1.400 millones de dólares que necesita a través de la extensión del cobro del IVU a transacciones entre comercios hasta ahora exento, a lo que se oponen destacados miembros de Senado y Cámara de Representantes, controlados por el gobernante Partido Popular Democrático (PPD).
Desde el Legislativo se argumenta que extender el IVU retraerá la actividad económica y hará que suban los precios, por lo que proponen como alternativa que se creen nuevos impuestos para gravar a las grandes empresas, elevar el impuesto sobre la renta a quienes ingresen más de 200.000 dólares anuales, aumentar el impuesto a los cigarrillos y un impuesto del 1 % a las primas de seguros.
Además, proponen que se suban las contribuciones de los casinos que operan en la isla, incrementar la aportación de los contratistas del Gobierno y que el IVU se extienda a las ventas por internet, entre otras medidas.
Mientras, se teme otra degradación definitiva por parte de las agencias, después de que en los pasados meses Fitch igualara a Standard & Poor's (S&P) y Moody's al rebajar en marzo la nota de la deuda soberana de Puerto Rico de BBB+ a BBB-, al nivel previo de "bono basura", con perspectiva "negativa".
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