Ley de Contratos del Sector Público

El Gobierno pone coto a las subastas al mejor postor de los servicios públicos

Los servicios de ingeniería y consultoría no podrán adjudicarse a precio y el método de la subasta a la baja sólo podrá utilizarse en casos tasados

El comité de huelga de Eulen de El Prat critica "coacciones" a los trabajadores para levantar la huelga
Imagen de la huelga de empleados de El Prat del pasado verano.

Para las grandes empresas contratistas con las Administraciones Públicas la subasta electrónica ha encarnado durante los últimos años la dimensión más perniciosa de los esfuerzos del sector público por abaratar sus costes fijos de funcionamiento durante los años más duros del ajuste presupuestario. Apurados por las circunstancias y por la CORA, la controvertida Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas creada por el Ministerio de Hacienda, Estado, autonomías y entidades locales se lanzaron a una carrera para renegociar a la baja sus principales contratos de provisión de servicios y suministros.

En medio de esta espiral irrumpió la figura de la subasta electrónica como un medio rápido y seguro para adjudicar dichos contratos a la oferta más baja, sin entrar demasiado en otras consideraciones sobre calidad o fiabilidad del proveedor.

Las consecuencias de esta dinámica han sido diversas. Por una parte han permitido a las Administraciones Públicas rebajar la factura de sus gastos corrientes, algo que no sólo no han ocultado sino que han presentado como ejemplo de buena gestión. Por otra, ha provocado un abuso en la utilización de esta figura que se ha traducido un deterioro en la prestación de algunos servicios y ha abierto la puerta de los contratos públicos a empresas con dudosa capacidad técnica como se han encargado de poner de manifiesto organizaciones sectoriales con fuerte presencia en los contratos públicos y como se ha cuestionado abiertamente desde Bruselas, el Tribunal de Cuentas o la Comisión Nacional de Competencia o Transparencia Internacional.

Después de presumir de haber conseguido un ahorro superior a los 650 millones de euros con estrategias como la contratación centralizada de servicios o la adjudicación a precio, el Gobierno ha decidido ahora poner coto a la sobreutilización de las subastas al mejor postor y a partir del 9 de marzo -con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos Públicos- limitará el uso de esta figura en los contratos públicos, y la prohibirá expresamente para la contratación de servicios de naturaleza intelectual como los de ingeniería, consultoría, etcétera.

Las empresas de ingeniería han sido uno de los sectores más perjudicados por el abuso de las subastas al mejor postor. La patronal del sector, Tecniberia, acabó el pasado mes de septiembre llevando a AENA ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales después de que la empresa estatal sacara a concurso por el método de la subasta electrónica los servicios de asistencia técnica de dos de los principales aeropuertos del país, el de Madrid y el de Palma. Los tribunales, por cierto, acordaron la suspensión cautelar de ambos concursos.

La clave

Los tribunales suspendieron cautelarmente dos contratos de ingeniería que AENA pretendía adjudicar por subasta

El pasado mes de septiembre

La nueva Ley de Contratos Públicos establece de forma expresa que "no podrá recurrirse a las subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato" y señala la obligación de establecer de forma clara en los pliegos el objeto y los requisitos del contrato para evitar que la posterior competición a la baja incida sobre la calidad de los servicios.

El problema de la competencia desleal

La entrada en vigor de la nueva ley eliminará el problema para los contratos de servicios que tengan un fuerte componente intelectual, pero no resuelve la problemática que se da en otros sectores en los que las adjudicaciones a precio han provocado distorsiones.

La patronal de las grandes empresas proveedoras de servicios de limpieza, Aspel, exigió este jueves una nueva regulación sectorial para expulsar a lo que denominó 'pseudoempresas' que acuden a los concursos públicos con ofertas que la organización entiende temerarias por las bajas que plantea. “Decidirse por una oferta de limpieza exclusivamente por precio acarrea consecuencias nefastas, como el deterioro de la imagen y de las condiciones higiénicas de las instalaciones, además de ser una forma de propiciar prácticas poco éticas e incluso ilícitas relacionadas con las condiciones del personal (contratos, sueldos, seguridad social, etc.), que crean una competencia desleal con los proveedores que aportan profesionalidad y garantías”, ha señalado el presidente de la organización Juan Díez de los Ríos.

Aspel está enrolada junto a otra organizaciones en una lucha por conseguir la implantación del principio del valor óptimo en los concursos públicos, un factor de valoración que pondera una serie de consideraciones de calidad, condiciones laborales y otra naturaleza, además del precio.

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