El Gobierno termina con los blindajes de oro de los ejecutivos

La cruzada mundial contra las retribuciones multimillonarias de los ejecutivos empieza a dar frutos en España. El supervisor de la bolsa (CNMV) ha decidido terminar con los retiros dorados de las cúpulas empresariales y ha propuesto limitar a dos años de sueldo la indemnización máxima que podrá cobrar un alto directivo cuando abandone la compañía, medida que se incluirá en la reforma del Código de Buen Gobierno.

Estos blindajes han despertado varias polémicas en los últimos años. El más reciente lo ha protagonizado José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado de BBVA, que tenía firmado un blindaje de 68,6 millones de euros y que ha acordado con el banco cobrar tres millones de euros anuales de por vida. No obstante, el ejecutivo vasco no pudo superar el récord marcado por Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado de Santander,  que se embolsó 108 millones de euros cuando dejó la entidad presidida por Emilio Botín.

La CNMV, organismo dependiente del Ministerio de Economía, quiere terminar con estos excesos y, sobre todo, garantizarse que los directivos cobren por el trabajo bien hecho, no por lucir un cargo en su tarjeta. Para conseguirlo, ha decidido que los bonus se liguen a criterios de rendimiento claramente medibles y no financieros, y que se aplace su pago hasta poder constatar que realmente se ha alcanzado el objetivo por el cual se paga el variable.

Pero el cerco a los abusos en las retribuciones va todavía más allá y llega al punto de que las empresas podrán retirar a sus ejecutivos el bonus ya cobrado si, en el futuro, se demuestra que su trabajo no obtuvo los frutos esperados. Esta medida es una clara reacción a la polémica vivida en todo el mundo, al comprobar cómo las cúpulas de numerosos bancos que tuvieron que ser rescatados con dinero público para evitar la quiebra premiaban la manera en que habían gestionado la entidad con bonus multimillonarios.

Barack Obama, presidente de Estados Unidos, fue el primero en dar un golpe en la mesa y limitar a 500.000 dólares la retribución máxima que puede percibir el ejecutivo de una sociedad rescatada con dinero público. Como por arte de magia, las mismas entidades que hace un año habían llamado a la puerta del Gobierno para pedir dinero público, empezaron a negociar con el Ejecutivo la forma de devolver esas ayudas y, así, tener las manos libres para cobrar los millonarios bonus que se habían aplicado.

El tercer frente que también quiere controlar la CNMV está relacionado con la famosas stock options y los pagos en acciones, que deberán estar ligados a criterios de rendimiento y no podrán hacerse efectivos hasta tres años después.