El Govern balear reclamara al Gobierno 333 millones de euros para carreteras

Palma, 23 ago.- El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha anunciado hoy que el Govern balear reclamará al Ministerio de Fomento los 333 millones que tuvo que adelantar por los convenios de carreteras de 1998 y 2004, después de que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la comunidad autónoma.

Gornés ha informado en una rueda de prensa de que el Supremo dictó una sentencia el pasado 8 de marzo que hace que los convenios de colaboración en materia de carreteras de 1998 y 2004 estén vigentes y se mantengan los compromisos adquiridos por el Gobierno y el Govern en los mismos.

El conseller ha explicado que de este modo el Govern tiene derecho a reclamar al Gobierno central los 333 millones de euros de distintos proyectos viarios incluidos en dichos convenios, cuyo pago tuvo que asumir cuando una orden ministerial declaró nulos los acuerdos, y ha anunciado que dará los pasos para llevarlo a cabo.

"Haremos lo posible para que la comunidad autónoma pueda recuperar esta partida, ya sea con este Gobierno o con el que venga, porque estamos hablando de mucho dinero, que en el momento que vivimos sería muy bien venido", ha afirmado Gornés.

El primer paso que dará el Govern será nombrar a sus representantes en la Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control, para ponerse a "negociar" el cobro, según ha detallado el conseller. La sentencia del Supremo confirma que es el órgano pertinente para resolver las controversias en el cumplimiento y aplicación de los convenios.

Gornés ha recordado que los convenios de colaboración en carreteras entre el Gobierno y el Govern se firmaron en enero de 1998 y marzo de 2004, y una orden ministerial de 2005, dictada por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, los resolvió y "dejó en el aire 333 millones de euros" porque según el Ministerio de Fomento el Govern había iniciado las obras sin respetar plazos y sin contar con su supervisión.

En 2008, una sentencia de la Audiencia Nacional confirmaba la legalidad de la actuación del Ejecutivo balear, pero el Govern presidido por el socialista Francesc Antich planteó además un recurso de casación reclamando que se condenara a la Administración estatal a efectuar los pagos pendientes, con intereses.

Aunque la sentencia del Supremo desestima el recurso de casación, confirma sin modificaciones la sentencia de la Audiencia Nacional que revocaba la orden ministerial de 2005.

Gornés ha destacado que la sentencia del Supremo "pone en evidencia la prepotencia del Gobierno socialista" en la rescisión unilateral de estos convenios que "supuso un grave perjuicio para la comunidad que tuvo que asumir los 333 millones de coste de las obras que estaban en ejecución".

El conseller ha acusado el anterior Gobierno balear, presidido por el socialista Antich, de conocer la sentencia desde marzo y haberla ocultado porque "viene a dar la razón a los distintos gobiernos del PP en cuanto a la legalidad de actuaciones sobre los convenios".