El lehendakari aboga por un acuerdo que ponga fin al litigio fiscal con la UE

Bilbao.- El lehendakari Patxi López ha abogado hoy por un acuerdo interinstitucional "razonable" que "ponga final" al "largo litigio" que mantienen las haciendas vascas con Bruselas en torno a los incentivos fiscales de los años noventa y "minimice el impacto negativo en nuestra economía y nuestros empleos".

López, en un encuentro con empresarios vizcaínos promovido por la Cámara de Comercio de Bilbao, se ha referido de esta forma a la decisión de la Comisión Europea, dada a conocer el pasado día 24, de pedir al Tribunal de Justicia Europeo que imponga una multa millonaria a España por no haber recuperado las ayudas fiscales concedidas a nuevas empresas en el País Vasco en la década de los 90, que ya fueron consideradas "incompatibles" con el derecho comunitario.

El lehendakari ha querido transmitir a los empresarios un mensaje de "tranquilidad y serenidad" sobre este asunto, pero ha recalcado que aunque no se han agotado todos los procedimiento judiciales abiertos, "tampoco podemos fiarlo todo a una decisión feliz que es difícil que se produzca".

Ha insistido en que en este momento, en que la situación económica europea es "especialmente complicada", se debe actuar con responsabilidad".

"En este litigio -ha señalado- no nos jugamos sólo la devolución de las ayudas fiscales y la cuantiosa sanción solicitada, sino también el prestigio del País. La imagen que Euskadi y sus instituciones van a tener en el futuro ante la Unión Europea". "No podemos permitirnos heridas abiertas que nos dificulten nuestra participación y colaboración con las instituciones europeas comunes".

El lehendakari ha señalado que, aunque las competencias en materia fiscal corresponden en Euskadi a las diputaciones, "el Gobierno no puede echarse a un lado", por lo que ha pedido al consejero de Economía, Carlos Aguirre, que "desde el respeto a la autonomía de cada institución", inicie conversaciones con todas las partes afectadas para buscar un "acuerdo razonable que ponga fin a este asunto que nos puede perjudicar en el futuro".

López ha recalcado que la actuación del Gobierno en este terreno estará guiada por la "responsabilidad, respeto a la legalidad común y acatamiento de las sentencias, cuando estas sean firmes"; colaboración con todas las instituciones involucradas y "defensa de los intereses de nuestra economía, de nuestras empresas y nuestros trabajadores".

La Comisión Europea ha pedido una multa de 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el tribunal vuelva a pronunciarse hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta la segunda.

Las diputaciones forales vacas han asegurado que "han hecho los deberes" y que ya han recuperado las ayudas concedidas en su día.

Las patronales vascas han insistido en que las empresas han realizado "las inversiones requeridas para acogerse a los incentivos establecidos por las instituciones legitimadas para ello" (las Diputaciones) y también han dado "cumplida respuesta a todos los requerimientos realizados por las Diputaciones para la reintegración tributaria de las ayudas en los términos en que les han sido formulados".