El PSOE y sus trabajadores ultiman acuerdo sobre el ERE y la bajada salarial

  • El PSOE y sus trabajadores están ultimando un preacuerdo para reducir un 40 por ciento la masa salarial en función de prejubilaciones, bajas incentivadas, reducción de jornada, recolocaciones y bajada salarial, que podría firmarse en los próximos días, una vez que se cierren los flecos pendientes.

Madrid, 18 jul.- El PSOE y sus trabajadores están ultimando un preacuerdo para reducir un 40 por ciento la masa salarial en función de prejubilaciones, bajas incentivadas, reducción de jornada, recolocaciones y bajada salarial, que podría firmarse en los próximos días, una vez que se cierren los flecos pendientes.

Fuentes de ambas partes han confirmado a Efe la existencia de un principio de acuerdo, alcanzado durante la tarde, después de que por la mañana el comité de empresa amenazara con encerrarse en la sede madrileña de la calle Ferraz ante el bloqueo en las negociaciones, que deben culminar antes del próximo domingo.

Ese día se cumple el mes establecido de plazo legal para negociar desde que el PSOE presentó en Trabajo su expediente de regulación de empleo (ERE), el pasado 22 de junio.

La dirección federal del PSOE ha puesto el acento desde el primer momento en que en ningún caso aplicará la reforma laboral del Gobierno del PP, que permite despedir con 20 días de indemnización.

Así las cosas, el grueso del preacuerdo se basa en las prejubilaciones y bajas incentivadas, a las que podrían acogerse varias decenas de trabajadores, pero también en la reducción salarial, que podría situarse en una horquilla de entre el 15 y el 27 por ciento, aplicado progresivamente en función del salario, si bien ese aspecto es uno de los que no está cerrado por completo.

Del personal que actualmente trabaja en Ferraz, once personas serán recolocadas en el grupo socialista en el Congreso.

El PSOE cerró el ejercicio pasado con una deuda real de 22,6 millones de euros, y para este ejercicio la situación económica se ha complicado debido a la reducción de un 20 por ciento de las subvenciones a los partidos políticos y a la menor representación institucional.

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