El incierto futuro de Mutua Gallega y la forma en que debe resolverse ha derivado en el primer enfrentamiento serio del Gobierno de Pedro Sánchez con uno de los 'barones' del Partido Popular, además con el más poderoso, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
El Gobierno gallego ha activado sus resortes para entorpecer los planes de la Seguridad Social de arbitrar una fusión 'exprés' de Mutua Gallega con otra mutua de mayor tamaño, y más saneada, para resolver de la forma más rápida posible la complicada situación financiera en que se encuentra la mutua con sede en A Coruña.
La Secretaría de Estado de Seguridad Social, ya persuadida de la delicada situación de la mutua gallega por el Gobierno anterior según fuentes gubernamentales, decidió maniobrar el pasado mes de julio para solventar el asunto con diligencia. Concluyó que la viabilidad de Mutua Gallega por sus propios medios resultaba improbable y animó una suerte de proceso competitivo informal en el que cinco grandes mutuas plantearon sus ofertas para absorber la mutua galaica.
Pulso interno y pulso político
Presentaron sus ofertas al equipo directivo de Mutua Gallega cinco de las grandes mutuas del país, pero dos de ellas fueron las que suscitaron el mayor interés, según fuentes del sector: la de Ibermutuamur y la de MC Mutual, la primera con sede en Madrid y la segunda, en Barcelona. Y ahí radica parte del enredo, al menos en su dimensión política, según explican buena parte de las fuentes consultadas: profesionales del sector, representantes de los trabajadores y entidades miembro de la Junta Directiva de la Mutua.
El proceso instado desde la Seguridad Social - las mutuas son entidades de derecho privado que gestionan servicios de naturaleza pública, la cobertura sanitaria de los trabajadores afectados por enfermedades comunes o accidentes laborales y la prevención de la siniestralidad laboral, y por tanto su funcionamiento está regido por normativa propia de la Seguridad Social - generó casi desde el primer instante una escisión interna.
La plantilla y buena parte del equipo directivo de la Mutua Gallega miraban con buenos ojos la oferta de Ibermutuamur, que garantizaba en mayor medida los puestos de trabajo y el mantenimiento de la red actual de Mutua Gallega al no disponer casi de presencia en la región.
Por contra, algunas de las grandes empresas gallegas representada en la Junta Directiva de la mutua, particularmente aquellas con intereses en Cataluña, se mostraron más inclinadas a aceptar la oferta de MC Mutual, que la plantilla entiende que entraña más riesgo para su futuro debido a que la mutua catalana ya tiene una cierta presencia en Galicia y podría tener la tentación de 'consolidar' ambas estructuras en aras de la eficiencia económica del proyecto.
Y en medio de este pulso interno irrumpió la Xunta, también representada en la Junta Directiva de la mutua, para plantear una tercera vía, la de la viabilidad de la Mutua Gallega por sus propios medios con el argumento de preservar la 'galeguidade' de la entidad.
Las razones de Feijóo
Según fuentes conocedoras de la situación de la Mutua Gallega, tanto de Galicia como de Madrid, el éxito de la vía planteada por la Xunta de Galicia es altamente improbable. Dentro de un sector al que la espectacular crecida de la factura por la cobertura de las bajas por incapacidad temporal (IT) ha dejado en una situación financiera delicadísima, la situación de la Mutua Gallega es la más alarmante. La entidad no sólo presenta pérdidas desde hace años sino que ya ha consumido la práctica totalidad del colchón financiero que la ley le obliga a dotar para protegerse ante este tipo de situaciones.
No es la única en esa situación, pero sí es la que presenta una fotografía más preocupante. Fuentes no oficiales de la Seguridad Social aseguran que si se promovió una fusión fue para evitar la solución más agresiva de la intervención, que prevé el reglamento de funcionamiento de las mutuas. Pero la Xunta, sin competencias regulatorias sobre las mutuas pero con presencia y peso en la Junta Directiva de Mutua Gallega, quiere arbitrar el proceso para evitar una solución que dañe sus intereses.
Las fuentes consultadas avanzan dos líneas argumentales para justificar la irrupción de la Xunta en la operación. Algunas entienden que la Xunta quiere forzar una negociación política con el Gobierno para garantizar que la resolución de Mutua Gallega se ejecuta respetando los parámetros que persigue el Ejecutivo de Feijóo: el menor perjuicio posible sobre la actual estructura de Mutua Gallega y la preservación de la 'galeguidade' de la entidad.
Otras incluso aprecian un trasfondo político-empresarial de mayor voltaje e insinúan que el Gobierno de Santiago habría irrumpido en la operación en busca de algún rédito político, bien para visibilizar su oposición política a cualquier intento de Moncloa de engrasar su relación con Cataluña a costa de Mutua Gallega - mediante un eventual respaldo a la oferta de MC Mutual - o bien para, justo en la dirección contraria, capitalizar el éxito de esa misma oferta en beneficio del tejido empresarial gallego más vinculado a Cataluña.
La Información ha contactado con la Xunta de Galicia para recabar su opinión sobre el proceso y sobre su posicionamiento respecto a la situación de Mutua Gallega, pero ésta ha declinado contestar.
La situación a día de hoy es que Mutua Gallega está pendiente de responder un requerimiento de información de la Seguridad Social respecto a qué medidas va a adoptar para estabilizar su situación financiera. Tanto desde la Mutua como desde la Seguridad Social indican que no hay un plazo establecido para esa respuesta, pero que probablemente se producirá a lo largo de este mes de septiembre.
Fuentes del sector aseguran que no hay medida alguna que pueda tomar la mutua para estabilizar esa situación y que, si no se resuelve antes de otro modo, la Mutua se verá obligada a presentar un Plan de Viabilidad, tal y como establece el Reglamento de funcionamiento de las mutuas. Si éste no convenciera a la Seguridad Social, el Gobierno podría tomar la decisión de intervenir la Mutua que es algo que pretende evitar a toda costa para no abrir un conflicto de naturaleza política. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso aseguran que la Xunta está dispuesta a forzar una intervención de la Mutua si antes no se abre una negociación política bilateral con la Seguridad Social.
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