Roma, 7 sep.- El Senado italiano aprobó hoy el plan de austeridad promovido por el Ejecutivo de Silvio Berlusconi por un valor de 54.265 millones y con el que pretende sanear las cuentas públicas del país y alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013.
El plan, que fue sometido a una cuestión de confianza por el Gobierno, salió adelante con 165 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones, con lo que ahora pasará a la Cámara de los Diputados para su ratificación definitiva.
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados se reúne mañana para establecer el proceso de tramitación que seguirá el plan de ajuste en ese hemiciclo.
En las últimas horas previas a la aprobación del texto, el Gobierno introdujo una subida de un punto porcentual, del 20 al 21 por ciento, del IVA, que supondrá 4.000 millones de euros al año y un gravamen del 3 por ciento sobre aquellos que superen los 300.000 euros anuales, lo que afectará a 34.000 italianos, según datos del Ministerio de Economía.
El texto también prevé adelantar de 2016 a 2014 la introducción de una medida destinada a retrasar de forma progresiva la edad de jubilación de las mujeres en el sector privado equiparándola a la de los hombres y pasar así de 60 a 65 años.
Una de las medidas más impopulares en la calle y que empujó al principal sindicato del país, CGIL, a convocar ayer una huelga general es el artículo 8, con el que se podrá anular el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, sobre las condiciones de despido.
Una medida por la que también se protestó durante la votación, ya que se registraron altercados en las proximidades del Senado protagonizados por un grupo de "indignados" que fueron dispersados mediante cargas policiales.
La tramitación del plan ha estado marcada por las continuas modificaciones introducidas por el Gobierno en el texto, desde que un primer paquete de medidas fuera aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado 12 de agosto.
Un plan que fue aprobado entonces de urgencia, con el objetivo de calmar la presión de los mercados por las dudas que despierta la delicada situación de las cuentas públicas del país transalpino, cuya deuda pública supera el 120 por ciento del PIB, y en línea con las propuestas del Banco Central Europeo (BCE) que ayudó a Italia con la compra de bonos del Estado.
Sin embargo y tras unos días de tregua por parte de los mercados, los continuos vaivenes en el contenido del texto volvieron a despertar la incertidumbre derivando en nuevas jornadas de pánico bursátil y en importantes escaladas de la prima de riesgo italiana, aunque sin llegar a los niveles récord de principios de agosto.
Todo ello ha provocado que Italia tenga que actuar rápidamente de nuevo a la hora de sacar adelante su plan, muy diferente al que salió del Consejo de Ministros el pasado 12 de agosto.
Así, el programa económico aprobado hoy tiene el endurecimiento a la lucha contra la evasión fiscal, para lo que se han previsto incluso penas de cárcel, uno de sus pilares principales, y cuyas entradas servirán para compensar otras medidas recaudatorias que finalmente se eliminaron.
No obstante, ante las repetidas advertencias de que no era posible cuantificar el impacto final de la lucha contra la evasión fiscal, el Ejecutivo se vio obligado a introducir nuevas actuaciones recaudatorias.
Con estas medidas se pretende ofrecer garantías ante la insistencia de Europa para que se cumplieran los objetivos de reducción de déficit acordados el 12 de agosto, así como ante las renovadas presiones de los mercados y ante la petición del jefe del Estado italiano, Giorgio Napolitano, de aplicar medidas "más eficaces con el fin de restablecer la credibilidad del país".
Por otro lado, las medidas destinadas a reducir los parlamentarios y el número de provincias serán abordadas con reformas constitucionales, mientras que mañana está prevista la celebración de un Consejo de Ministros para aprobar la introducción en la Constitución de una norma sobre el equilibrio presupuestario.
Con todo, la decisión del Ejecutivo de plantear una moción de confianza al plan de ajuste despertó las críticas de la oposición, que tachó la decisión como un acto de "cobardía".
El uso de las llamadas cuestiones de confianza, la de hoy es la número 49 de este Gobierno, es una estrategia muy utilizada por los ejecutivos italianos para acelerar la aprobación de las leyes, ya que permite saltarse el debate de enmiendas y el parlamentario. EFECOM
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