El supremo prohíbe los embargos de la seguridad social sobre créditos masa de empresas en liquidación

El Tribunal Supremo ha prohibido los embargos de la Seguridad Social sobre los créditos masa de empresas concursadas una vez abierta la liquidación. La Sala Civil del Alto Tribunal anula así una sentencia de la Audiencia de Sevilla que aprobó el embargo realizado por la Seguridad Social, en julio de 2012, de activos de Astilleros de Sevilla, S.A., por valor 1,6 millones de euros, que se correspondían con el importe de los créditos contra la masa devengados a su favor.
La Audiencia sevillana consideró que el nuevo artículo 84.4 de la Ley Concursal, en vigor desde 2011, permite la autotutela de la Administración (en este caso la Seguridad Social) para realizar ejecuciones administrativas separadas e independientes del concurso de acreedores, sin necesidad de intervención del juez del concurso y sin sometimiento al plan de liquidación aprobado judicialmente.
El embargo en Astilleros de Sevilla se hizo después de que se abriera la fase de liquidación por el juzgado en febrero de 2012. El Supremo revoca la decisión de la Audiencia sevillana y repone la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, que alzó el embargo de la Seguridad Social.
El Alto Tribunal indica que la interpretación correcta del artículo 84.4 de la Ley Concursal no es la literal, sino la que debe hacerse teniendo en cuenta el resto de preceptos de dicha norma, que responde a la lógica de que si el concurso entra en fase de liquidación, “haya una ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales como contra la masa”.
El Supremo recuerda que el artículo 55.1 de la misma ley señala que, una vez declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, con las únicas excepciones de las ejecuciones administrativas o laborales sobre determinados bienes que estuvieran ya embargados antes de la declaración de concurso.