Madrid, 27 nov.- El empresario español Gerardo Díaz Ferrán negó hoy ante la Audiencia Nacional de España haber cometido el delito fiscal del que se le acusa en la compra de Aerolíneas Argentinas por Air Comet.
"No hay delito fiscal ni lo ha habido nunca", dijo Díaz Ferrán, quien fue presidente de la patronal española CEOE y propietario del grupo del sector turístico Marsans, al que pertenecía Air Comet.
Díaz Ferrán está acusado del vaciamiento patrimonial de Marsans y se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de diciembre de 2012.
La Fiscalía pide dos años y cuatro meses de prisión para Díaz Ferrán, a quien le reclama 99 millones de euros (unos 120 millones de dólares) por presuntamente defraudar a la Hacienda Pública española en los beneficios obtenidos en la compra de Aerolíneas Argentinas por Air Comet a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el precio simbólico de un dólar.
"Si hubiéramos creído que había que pagar algo, le habríamos pedido a la SEPI que lo aportara, porque Hacienda y la SEPI son prácticamente lo mismo", declaró en el tribunal el expresidente de la patronal española.
Díaz Ferrán, de 70 años, entró esposado en la sala de vistas de la Audiencia Nacional después de ser trasladado desde la cárcel de Soto del Real, cerca de Madrid, donde permanece en prisión preventiva por la causa en la que se investiga el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans.
El juez que presidió la vista, José María Vázquez Honrubia, interrogó a Díaz Ferran.
Por su parte, la defensa del otro acusado, el expresidente de Air Comet Antonio Mata, planteó como cuestión previa la prescripción del delito fiscal por el que se le juzga, pero el juez Vázquez Honrubia la rechazó de plano.
El magistrado recordó que la sala de lo penal ya desestimó esta alegación y añadió que, en contra de lo que asegura el letrado de Mata, la denuncia que dio origen a la causa ya aludía al posible delito fiscal cometido.
La causa se remonta a cuando la SEPI vendió el 92 % de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Antonio Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.
Según documentos de la Fiscalía, el contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por el fallecido Gonzalo Pascual, en representación de la firma Segetur; por Mata, en nombre de Air Comet, y por la SEPI.
Air Comet utilizó ese dinero, no para pagar a los acreedores, sino para subrogarse en su posición en el proceso de suspensión de pagos, lo que le permitió posteriormente recuperar el 40 % de lo invertido gracias al convenio aprobado por Aerolíneas Argentinas para saldar sus deudas, según los documentos.
De esta forma, al no haber declarado los beneficios obtenidos por la compra de Aerolíneas Argentinas, el fiscal pide que los acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones de euros de indemnización solicitada.
Aerolíneas Argentinas está actualmente controlada por el Estado argentino.
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