Las empresas ignoran la vía rápida para bajar salarios de la reforma laboral

Una de las medidas más controvertidas y que más críticas levantó de la ya de por sí polémica reforma laboral de 2012 fue la que habilitó la posibilidad de desactivar las condiciones salariales previstas en un convenio colectivo sin necesidad de un pacto expreso entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

Con el doble argumento de garantizar a las empresas las condiciones de flexibilidad necesarias para vadear la crisis y de evitar en la medida de lo posible despidos masivos por parte de las empresas, el Gobierno del PP modificó la redacción del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores para agilizar la inaplicación de los convenios colectivos cuando concurrieran una serie de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y establecer también un mecanismo rápido de resolución de conflictos cuando empresa y trabajadores no se pusieran de acuerdo en dicha suspensión de las condiciones del convenio. Una oposición que, antes de la reforma, era suficiente para bloquear el descuelgue salarial.

La medida, que fue duramente contestada por los sindicatos como una intromisión intolerable en la negociación colectiva, tuvo su momento de gloria en el año 2013 cuando, en medio de lo más duro de la crisis, casi el 10% de los descuelgues salariales se tramitaron por esta vía. Desde entonces, ha ido cayendo progresivamente en la marginalidad hasta casi desaparecer.

Según los últimos datos de la Estadística de Convenios Colectivos, publicados este miércoles por el Ministerio de Empleo, en los siete primeros meses del año solo se ha recurrido a este mecanismo de arbitraje una decena de veces y se ha afectado a las condiciones salariales de 54 trabajadores.

El dato es coherente con el progresivo decaimiento de un mecanismo que nunca fue demasiado utilizado y cuyo uso es ahora anecdótico.La vida sigue igual

Desde la activación de la reforma laboral, en marzo de 2012, 8.785 convenios colectivos han visto modificadas sus condiciones durante su vigencia por motivos económicos u organizativos. De esa cifra total, menos de un centenar las vieron modificadas por la vía aprobada en la reforma laboral. Es decir, que la situación no habría sido muy diferente sin la reforma del artículo 82.3.

El año 2013 fue el más efervescente en este sentido. Con la nueva norma recién salida del horno y con la crisis azotando a las empresas, una veintena de empresas u organizaciones empresariales recurrieron a esta solución exprés para modificar las condiciones de 12.742 trabajadores pese a la falta de acuerdo con los sindicatos. 

Una cifra reducida, en cualquier caso, si se compara con los cerca de 2.500 convenios y los más de 145.000 trabajadores que ese año vieron revisadas sus condiciones laborales con el acuerdo de empresarios y sindicatos. Ni siquiera en lo más duro de la crisis la vía arbitral fue más utilizada que la dialogada para afrontar esta clase de situaciones.

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Desde ese año, su aplicación ha caído en picado. En 2014, fueron una docena de convenios que afectaron a 1.064 trabajadores (1,6% del total); en 2015, 21 convenios, pero sólo 979 trabajadores afectados (2,2% del total); y el año pasado, once convenios y 536 trabajadores (1,6% del total). En lo que va de año, la vía rápida de la reforma laboral sólo se ha utilizado en un 0,4% de los casos.

Su escasa utilización no ha desactivado el rechazo político a la medida. El grupo parlamentario de Unidos Podemos llevó el pasado mes de junio al Parlamento una iniciativa para "recuperar la prevalencia del acuerdo sectorial sobre los acuerdos de empresa" y restringir el acceso al descuelgue salarial recuperando el marco anterior a la reforma laboral.

Por otra parte, la subida salarial pactada en convenio se situó en julio en el 1,33%. Los convenios de empresa previeron un alza del 1,1% y los de sector, del 1,34%.