Exjefe de NCG dice que el Banco de España conocía contratos de los directivos

  • El excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso aseguró hoy en la Audiencia Nacional que el Banco de España recibió en abril de 2011 una copia de los contratos que ampararon las indemnizaciones millonarias que cobraron meses después cuatro exdirectivos, según fuentes jurídicas.

Madrid, 22 oct.- El excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso aseguró hoy en la Audiencia Nacional que el Banco de España recibió en abril de 2011 una copia de los contratos que ampararon las indemnizaciones millonarias que cobraron meses después cuatro exdirectivos, según fuentes jurídicas.

El juez Ismael Moreno concluyó hoy el interrogatorio de los cinco imputados en el caso con la toma de declaración de Fernández Gayoso, que reafirmó las explicaciones dadas la semana pasada por Jose Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes.

Así, Fernández Gayoso también sostuvo que el consejo de administración tuvo en todo momento información sobre los contratos firmados entre octubre y diciembre de 2010 por los exdirectivos, que según la Fiscalía Anticorrupción les permitieron cobrar de forma indebida 7,87 millones de euros.

El excopresidente, que está imputado como "cooperador necesario" aunque no recibió indemnización alguna, llegó a asegurar que se facilitó a todos los consejeros y a los miembros del Comité de Retribuciones una copia de dichos contratos unida a las actas de las reuniones celebradas.

Fernández Gayoso hizo hincapié en que las modificaciones que registraron los contratos de los exdirectivos a finales de 2010 no variaron los derechos económicos que les correspondían desde hacía años y que, al menos en el caso de los procedentes de Caixanova, merecían por ser los "culpables del éxito" de la entidad.

En cambio, la Fiscalía Anticorrupción defiende que los cuatro exdirectivos deben devolver 7,87 millones de los 18,9 millones percibidos, a lo que hay que sumar cantidades indeterminadas de otros 33,3 millones a los que tienen derecho cuando cumplan 65 años.

En sus declaraciones ante el juez, Javier García de Paredes, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada también insistieron en la corrección de las cantidades percibidas y en el conocimiento de sus contratos por parte del Banco de España y del consejo de administración de la entidad.

Según fuentes jurídicas, Pego llegó a afirmar que en enero de 2011 los inspectores del Banco de España tuvieron durante varios días los contratos originales en el despacho que ocupaban en la caja y que los servicios jurídicos del regulador también fueron informados un mes más tarde del contenido de esos documentos.

Posteriormente, el Banco de España pidió una copia de los contratos, que recibió en abril, meses antes de que los directivos ejecutaran sus derechos.

Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada, que procedían de Caixanova y que se han negado a devolver las cantidades reclamadas por Anticorrupción, tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional cada 15 días como medida cautelar, que el juez Ismael Moreno también ha impuesto a Fernández Gayoso.

Respecto a su presunta cooperación con los exdirectivos, el excopresidente insistió en que de él no partió la iniciativa de modificación de los contratos ni se reunió previamente con ellos para tratar esos cambios.

En cualquier caso, Fernández Gayoso reconoció ser consciente de las cantidades multimillonarias que correspondía percibir a los exdirectivos, ya que el Banco de España obligó a la entidad a provisionar en agosto de 2011 28 millones de euros por los cambios en los contratos.

Pese a ello, admitió que cuando se aprobó esa provisión no había cifras concretas porque no estaban todos los datos encima de la mesa.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, el excopresidente de NCG se limitó a informar al consejo de administración de la entidad de las modificaciones en los contratos y, posteriormente, de la necesidad de realizar una dotación, sin detallar cantidad alguna.

Según las fuentes jurídicas consultadas, Anticorrupción pedirá previsiblemente en los próximos días nuevas diligencias para aclarar algunos de los datos ofrecidos en las declaraciones de los imputados.

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