Expertos no ven el concurso de acreedores como una solución a las autopistas

Madrid, 27 oct.- Los expertos consideran que el concurso de acreedores es claramente insuficiente para resolver el problema al que se enfrentan las autopistas de peaje insolventes, por lo que plantean la necesidad de contar con una ley general de movilidad y la implantación de peajes en las autovías libres de pago.

En una jornada organizada por el despacho de abogados Olswang, el ex ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones y ex presidente del Parlamento Europeo Enrique Barón ha subrayado que ha habido una "alegría excesiva" con las autopistas de peaje, especialmente con las radiales de Madrid, en un contexto en el que se interpretó que había "barra libre para todo".

"Es mucho más fácil inaugurar que mantener una infraestructura", ha lamentado Barón, quien ha señalado el desafío político que supone poner peajes en las autovías, el recelo de los usuarios a pagar por el uso de la infraestructura o el encarecimiento que puede traer consigo la implementación de la denominada "euroviñeta" en algunos productos transportados por carretera, especialmente alimentos.

Por su parte, el administrador concursal e inspector de Finanzas del Estado en excedencia Francisco Prada insiste en que hay que buscar fórmulas para lograr ingresos de las autopistas de peaje con problemas y asegurar su viabilidad, ya que las dos soluciones que plantea el concurso de acreedores, el convenio o la liquidación, no tienen ningún sentido en estos casos.

Para mejorar la facturación, Prada cree que España no puede permitirse el lujo de que las infraestructuras se hagan viejas sin que se utilicen, por lo que aboga también por la idea de implantar peajes en autovías.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense Eloy García subraya que parte del origen de los problemas que atraviesan las autopistas de peaje es que muchas veces la financiación ha buscado la obra, más que la obra la financiación.

En un contexto de crisis del modelo de movilidad y ante las deficiencias que plantea el procedimiento concursal, García ha reclamado la creación de una ley general de movilidad que defina los mecanismos adecuados para esta problemática evitando litigios judiciales.

Por su parte, el Letrado Mayor del Consejo de Estado, Leandro Martínez, considera que el colapso financiero actual ha creado una situación de confusión, a la que se unen los continuos cambios de la ley concursal y la inseguridad derivada de la actuación de los tribunales en el caso de las expropiaciones.

Martínez ha señalado también la ligereza con la que las concesionarias formularon sus ofertas, que no se verificase la solidez de las ofertas y ha lamentado los complejos mecanismos de ingeniería financiera que se presentan en el caso de las autopistas de peaje.

El administrador concursal y of counsel de Olswang Spain, Alejandro Latorre, ha coincidido también en la inseguridad jurídica que han provocado las continuas alteraciones de la ley concursal, así como en el "exagerado optimismo" que cundió con las previsiones de tráficos de estas vías.

"Se lograron recursos financieros a corto plazo para obras a largo plazo pensando en que las refinanciaciones podían ser posibles", ha añadido Latorre, que insiste en que la liquidación implica la ruptura del contrato de concesión, así como la incompatibilidad de los préstamos participativos y cuentas de compensación con el proceso concursal.