Madrid, 4 dic.- La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha cifrado hoy en 107 millones de euros la cantidad que el Gobierno acabará debiéndole en febrero de 2015 por las ayudas de los planes para la adquisición de vehículos (PIVE) y comerciales ligeros (PIMA Aire).
En el encuentro anual de Navidad con la prensa, el presidente de FACONAUTO, Jaume Roura, ha asegurado que los concesionarios están soportando la aplicación de los planes PIVE y PIMA Aire ante la lentitud de la Administración pública en hacer efectivos los pagos que le corresponden para incentivar la compra de automóviles menos contaminantes.
Ha explicado que el Gobierno les adeuda a los concesionarios 5 millones de euros del PIMA Aire 3 (se acaba de aprobar la cuarta edición). Además ya tienen registradas 27.000 reservas de clientes que han señalizado un automóvil y que se acogen a las ayudas de la prórroga del PLAN PIVE hasta final de año, ya que hay previsto un PIVE 7 para 2015 cuyo presupuesto es de 175 millones de euros.
Esas 27.000 reservas supone que los concesionarios han tenido que adelantar unos 26 millones de euros, según el presidente de la patronal de los concesionarios.
Por achatarrar un vehículo de 10 años y adquirir otro más eficiente se bonifica la operación con 2.000 euros, de los que mil los aporta el Gobierno y otros mil la marca (de ellos un 40 % por término medio corresponde a la concesión).
Las previsiones de Faconauto son que en enero y febrero próximos se hagan unas 100.000 operaciones más de reserva.
Por tanto, la cifra final que les adeudaría el Gobierno la sitúan en 107 millones, cantidad que no esperan que se les abone hasta marzo, lo que supone un problema de tesorería porque ellos tienen que adelantar todo ese dinero y además financiarlo, ha destacado Roura.
El dirigente de Faconauto ha recordado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció a finales de noviembre que la prórroga del PIVE 6 contaría con 75 millones de euros, pero todavía no los ha recibido el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que es el que valida las ayudas.
Por tanto, las operaciones de reserva que se están haciendo irán a cargo del PIVE 7, que hasta marzo no se espera que esté operativo porque va dentro del Presupuesto General del Estado para 2015 y ahora está en tramitación en el Parlamento.
El problema que puede surgir es que para marzo, cuando podría estar en vigor, ya se habrían agotado los 175 millones que tiene contemplados como partida presupuestaria, según Roura.
El presidente de Faconauto ha indicado además que esta deuda se produce después de que entre 2008 y 2013 hayan cerrado en España 788 concesionarios y 1.498 servicios y agentes.
La consecuencia ha sido que la implantación de la red de concesionarios se ha reducido un 34,25 %, lo que no ha sido acompañado de una perdida de peso de las marcas, sino de las empresas que montan un punto de venta de vehículos.
Otra de las cifras que ha dado Roura para definir la situación del sector es que de 2007 a 2012 se han perdido en el sector 49.793 empleos, con lo que la plantilla total es de unas 135.000 personas.
El directivo también ha advertido de que la rentabilidad de los concesionarios entre los ejercicios 2011 a 2013 fue negativa.
Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2013 la tendencia cambió a positiva y, debido a que el mercado ha empezado a recuperarse y suma quince meses consecutivos al alza, la rentabilidad prevista para 2014 es del 0,58 %.
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