Fiscalía recurre el régimen abierto a exdirectivos de ferrocarriles catalanes

  • La Fiscalía Provincial de Barcelona presentará mañana ante el juzgado de vigilancia penitenciaria un recurso contra el tercer grado (régimen abierto) concedido a los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) condenados por malversación.

Barcelona, 10 jul.- La Fiscalía Provincial de Barcelona presentará mañana ante el juzgado de vigilancia penitenciaria un recurso contra el tercer grado (régimen abierto) concedido a los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) condenados por malversación.

Los expresidentes de FGC Enric Roig y Antoni Herce fueron condenados a cuatro años de prisión por malversación e ingresaron el pasado mes de mayo en la cárcel de Quatre Camins, pero 48 días después ya les fue concedido el régimen abierto.

Según informaron a Efe fuentes penitenciarias, la Dirección General de Servicios Penitenciarios concedió hace unos días el tercer grado a ambos reclusos, al tener en cuenta que se trata de delincuentes primarios -sin reincidencia-, con interés en afrontar el resarcimiento económicamente por el delito cometido y con un entorno social y familiar estable.

Herce y Roig ingresaron, respectivamente, los pasados días 21 y 22 de mayo en la cárcel Quatre Camins de La Roca del Vallès (Barcelona) para cumplir la condena de cuatro años de prisión que les impuso el Tribunal Supremo, después de que el Gobierno les denegara el indulto que habían solicitado.

Tras permanecer unas semanas en el módulo de ingresos del centro penitenciario, la Junta de Tratamiento de Quatre Camins los calificó directamente en tercer grado, lo que les permite salir a la calle y acudir a prisión solo durante unas horas, normalmente a dormir.

La Junta de Tratamiento formuló su propuesta de clasificación de los dos reclusos a la Dirección General de Servicios Penitenciarios, que confirmó el régimen abierto de los dos expresidentes de Ferrocarriles de la Generalitat.

Además de los cuatro años de prisión, Roig y Herce fueron condenados a devolver a Ferrocarriles de la Generalitat los 2,7 millones que malversaron de la empresa pública, aunque, por el momento, entre ambos no han satisfecho ni una cuarta parte de la responsabilidad civil que les impone la sentencia.

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