Fitch y la huelga general marcan el peor día en cinco meses del Gobierno luso

  • La huelga general de hoy en Portugal y la rebaja de calificación anunciada por la agencia Fitch, la segunda que pone al país al nivel de bono basura, dieron el peor día en sus cinco meses de Gobierno al Ejecutivo conservador luso.

Lisboa, 24 nov.- La huelga general de hoy en Portugal y la rebaja de calificación anunciada por la agencia Fitch, la segunda que pone al país al nivel de bono basura, dieron el peor día en sus cinco meses de Gobierno al Ejecutivo conservador luso.

Miles de manifestantes en las calles de las principales ciudades portuguesas, con detenciones y dos heridos en el caso de Lisboa, y el aumento de los ya elevadísimos intereses de la deuda soberana, marcaron una de las jornadas más agitadas por la crisis económica que sufre Portugal.

Mientras las grandes centrales sindicales proclamaban el éxito de la huelga general, que consideraron la mayor de las tres celebradas desde 1988 aunque sin dar cifras, el Gobierno evitó comentar la protesta y solo facilitó datos de su seguimiento en la Administración, inferior al 10,5%.

Según fuentes sindicales, oficiales y los medios de comunicación y a falta también de cifras de las organizaciones patronales, la huelga se sintió mucho en los transportes, los puertos y aeropuertos, afectó parcialmente a los servicios públicos y tuvo poca incidencia en el comercio y muchas empresas privadas.

Sólo un miembro del Gobierno, el ministro de Asuntos Parlamentarios, Miguel Relvas, se refirió al paro y apenas para reconocer el derecho a la huelga y recordar los retos del país, sujeto a las duras condiciones del rescate financiero de 78.000 millones de euros que firmó en mayo.

El Ejecutivo de Pedro Passo Coelho tampoco comentó la rebaja de la agencia Fitch, que disparó otra vez los intereses del bono luso a diez años, el de referencia en el mercado, por encima del 12 por ciento.

La agencia de calificación recortó un escalón la nota de la deuda portuguesa, hasta "BB+", y decidió mantenerla bajo pronóstico negativo, sujeta a sufrir otras posibles rebajas.

Con su decisión, que sigue a la adoptada en julio por la agencia Moody's, sólo Standard & Poor's, entre las tres grandes calificadoras, mantiene ya a Portugal un escalón por encima del bono basura.

Fitch informó en un comunicado de que ve un "adverso" panorama macroeconómico en Portugal, con serios problemas de déficit fiscal, previsiones de una caída del PIB del 3% el próximo año y un fuerte endeudamiento.

Pero aún así no puso en duda que Lisboa cumpla sus metas de reducción del déficit este año y el próximo y elogió el programa de ajuste económico aplicado por su Gobierno conservador.

Ese mismo programa fue vapuleado hoy por los dos sindicatos mayoritarios del país, la Confederación General de Trabajadores (CGTP, comunista) y la Unión General de Trabajadores (UGT, socialista), que aseguran sumar más de un millón de afiliados en un país de 10,5 millones de habitantes.

El secretario general de la CGTP, Manuel Carvalho da Silva, y el de la UGT, Joao Proença, criticaron con dureza al Gobierno y su plan de incrementar en media hora gratuita la jornada laboral, medida tan impopular como la congelación de salarios o pensiones y la eliminación parcial de las pagas extra de los funcionarios.

Los dos sindicatos, que sólo han organizado juntos otras dos huelgas generales, la de 1988 y la que tuvo lugar hace exactamente un año contra el Gobierno socialista de entonces, se mostraron hoy dispuestos a nuevas movilizaciones.

La CGTP y la UGT se quejaron también de "mentiras" oficiales sobre la incidencia del paro en la Administración y aseguraron que el seguimiento fue "grande".

"Esta huelga ha sido superior en dimensión a la del año pasado", subrayó Carvalho da Silva, que puso como ejemplos de gran seguimiento Autoeuropa de Volkswagen (la mayor fábrica del país), las empresas del grupo Amorim, la Caixa Geral de Depósitos (el mayor banco luso), el sector portuario, el pesquero y la enseñanza universitaria.

Pero la versión de los sindicatos contrastó con las cifras facilitadas por el Gobierno sobre los funcionarios, que situó su adhesión en 43.500 de un total de 416.000 y apenas 296 servicios públicos cerrados de un conjunto de 2.410 (el 12,28 %).

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