Gallardón defiende las decisiones colegiadas frente a las de un juez

  • El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy que las decisiones de los órganos judiciales colegiados incrementan las garantías procesales al no estar basadas en la opinión de un sólo juez.

Madrid, 20 jun.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy que las decisiones de los órganos judiciales colegiados incrementan las garantías procesales al no estar basadas en la opinión de un sólo juez.

El ministro ha respondido en este sentido tras ser preguntado por el impacto que podría tener en la ciudadanía la decisión de la Audiencia Nacional de anular la investigación del juez Elpidio José Silva al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

"Los españoles tenemos que estar muy seguros del funcionamiento de nuestra justicia. Vivimos en un Estado de Derecho (...) Tenemos garantías de que cualquier investigación sobre cualquier conducta presuntamente delictiva se realiza con todas las garantías procesales", ha afirmado Ruiz-Gallardón en declaraciones a la prensa, tras presentar el proyecto del nuevo Código Mercantil.

El funcionamiento del Estado de Derecho supone que cualquier resolución judicial "que tenga un carácter perjudicial y que sea limitadora de derechos fundamentales" puede ser recurrida, ha recordado el ministro.

En su opinión, esa doble instancia y que los que decidan sean órganos superiores y colegiados, y no un solo juez, es lo que incrementa las garantías procesales en el caso de "hipotéticos errores" y en la interpretación de la aplicación de la ley.

"Siempre que exista una resolución judicial y máxime si es de un órgano colegiado, lo que estamos haciendo es fortalecer nuestro estado de derecho", ha aseverado el Ministro de Justicia.

Respecto al fallo de la Agencia Tributaria al atribuir a la infanta Cristina la venta de varias fincas, en el marco del caso Nóos, Ruiz-Gallardón, ha destacado que el asunto está siendo supervisado por el juez, quien será el que revele "cualquier error" que hayan podido cometer la Administración y que, en caso de existir, no tendrá "efectos perjudiciales" pues será una resolución judicial la que "determine la veracidad de los hechos".

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