La Paz, 10 abr.- El Gobierno de Bolivia y la Federación de las Cooperativas Mineras crearon hoy una comisión para debatir los polémicos artículos sobre contratos de un proyecto de ley minera con el propósito de solucionar las discrepancias existentes, señaló una fuente oficial.
El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, informó a los medios sobre esa decisión, tras la reunión celebrada este jueves entre el presidente boliviano, Evo Morales, y los dirigentes del sector.
Romero dijo que la comisión comenzará a trabajar este viernes y basará su trabajo en la Constitución para preservar el interés general del pueblo boliviano y la esencia social del sistema cooperativo.
La comisión presentará el próximo miércoles al presidente Morales el resultado de las reuniones, indicó el ministro.
El problema comenzó cuando el Gobierno y el partido de Morales decidieron modificar en el Congreso el proyecto final de la nueva ley minera para prohibir la firma de contratos entre cooperativas y las empresas, ya que esa es una facultad constitucional del Estado.
Las cooperativas alegaron que el proyecto fue concertado durante tres años y reaccionaron con un bloqueo en varias carreteras, protesta que la semana pasada costó la vida de dos trabajadores por disparos en medio de los choques con la Policía.
Además, el presidente Morales designó el martes como nuevo ministro de Minería a Cesar Navarro en lugar del Mario Virreira.
La comisión analizará sobre todo el artículo 151 del proyecto de ley para debatir sobre si es posible firmar o no contratos entre cooperativas y empresas privadas, nacionales o trasnacionales.
El Gobierno ha defendido que no se puede otorgar esa facultad a las cooperativas y éstas han argumentado que la legislación vigente lo permite y si no se hace se las condena a no seguir creciendo.
Según el Ejecutivo, al menos un centenar de cooperativas, menos del 10 % de las existentes, ha suscrito contratos supuestamente irregulares con empresas privadas que dañan la economía del Estado.
Al término de la reunión, los dirigentes de las cooperativas señalaron a los medios que esa información es "falsa" ya que sólo existe una decena de compañías observadas y subrayaron que el sector no protegerá a las empresas trasnacionales.
Las 1.642 cooperativas mineras registradas en Bolivia reciben un trato preferente por parte del Estado porque supuestamente trabajan con un esquema social que beneficia por igual a todos sus miembros.
El Gobierno teme que las privadas usen los beneficios de las cooperativas para asumir el control de los yacimientos mineros.
Los cooperativistas son un sector aliado de Morales, con una gran capacidad de movilización, que desde el 2006 ha respaldado todas sus reformas sociales y políticas.
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