Gobierno, CCAA y patronal defenderán en bloque el sector naval ante Bruselas

Madrid, 1 jul.- El Gobierno, las comunidades autónomas y la patronal de los astilleros han acordado hoy defender de forma conjunta el sector naval ante la posibilidad de que la Comisión Europea decida la devolución de las ayudas fiscales recibidas entre 2005 y 2011, un pacto al que han pedido sumarse los sindicatos.

La difícil situación que atraviesa el sector naval estalló la semana pasada después de que el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, anunciara que va a proponer a la Comisión Europea (CE) que España devuelva las ayudas fiscales a la financiación de la construcción naval ("tax-lease"), que ascienden a unos 2.000 millones de euros.

Esta decisión, que se adoptará el próximo 17 de julio, ha provocado el rechazo del Gobierno, los partidos de la oposición, los Ejecutivos autonómicos, los astilleros y los sindicatos, que aseguran que la devolución de los incentivos supondrá el cierre de todas las empresas y la desaparición de 87.000 empleos.

Para evitarlo, el Ejecutivo central, los gobiernos de Asturias, País Vasco, Galicia y la patronal de los astilleros privados Pymar han firmado hoy una declaración institucional por la que instan de forma conjunta a las autoridades europeas a "reconsiderar" su posición.

El acuerdo, alcanzado tras algo más de una hora de reunión, ha sido presentado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien ha defendido que esta "pretensión que no era ni es gratuita, sino que tiene sólidos fundamentos jurídicos".

Ha considerado que la devolución de las ayudas tendría un efecto "irreversible e irreparable" sobre la industria de construcción naval española, lo que iría "justo en la dirección opuesta" de los objetivos de reindustrialización europeos.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha denunciado que "los astilleros han tenido que vivir en la inseguridad jurídica" durante dos años, desde la apertura del expediente, lo que ya ha afectado de forma notable a su actividad.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha criticado la "incoherencia" europea de defender el empleo mientras se pone en riesgo un sector que "afecta a 87.000 familias", al tiempo que ha subrayado que "el dinero que está pidiendo no es el dinero de Europa", sino una bonificación fiscal.

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha abogado por resolver la cuestión antes del 17 de julio, ya que un posible recurso posterior ante la justicia europea no impediría "la paralización de muchos de nuestros astilleros".

El presidente de Pymar, Álvaro Platero, ha pedido "igualdad de trato" porque, a su juicio, este conflicto es en realidad una "guerra comercial" con Holanda, país que denunció a España al considerar que el "tax-lease" eran ayudas del Estado.

Para reforzar esa posición, las cinco instituciones han anunciado que van a pedir una reunión conjunta con Almunia que debería celebrarse antes del 4 de julio y otra, para antes del 15 de julio, con el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso.

Tras reunirse con Soria, CCOO y UGT han pedido sumarse a este encuentro para defender "con una sola voz" al sector naval ante Bruselas, una petición pendiente de resolución.

Ante las acusaciones de discriminación, Almunia ha defendido que la CE da "exactamente el mismo trato" a todos los países, es decir, la devolución de las ayudas solo a partir de 2006.

El comisario también ha insistido en que "ni un solo astillero tiene que devolver un solo euro", ya que "quienes tienen la obligación de devolver las ayudas son los grupos de interés económico y los inversores que participaron en los mismos y quienes compraron los buques a los astilleros, no quienes los vendieron".

El PSOE también se ha sumado a las críticas a la posible devolución de las ayudas. Su secretario de Organización, Óscar López, ha pedido al Gobierno y a las comunidades autónomas afectadas que se "planten" en Bruselas y ha avanzado que "si eso no se consigue apoyaremos los recursos que se presenten".