Gobierno espera obtener "muy pronto" acuerdo devolución ayudas a sector naval

Estrasburgo (Francia), 4 feb.- El Gobierno español espera obtener un acuerdo con la Comisión Europea "muy pronto" sobre el monto de las ayudas fiscales ilegales concedidas al sector naval entre 2007 y 2011 que debe recuperar, conocidas como "tax lease", dijo hoy el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre.

Ferre se reunió hoy en Estrasburgo (Francia) con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, y al término de ese encuentro, en declaraciones a la prensa, expresó su confianza en que la "foto final" sobre ese asunto pueda producirse con celeridad.

El secretario de Estado de Hacienda señaló que el acuerdo sobre el montante "es una decisión muy complicada en la medida que exige un análisis caso por caso de cuáles son las ayudas recibidas y obtener información detallada de armadores y administraciones de fuera de la Unión Europea" (UE).

Precisamente, de la prontitud con que llegue esa información "dependen" los plazos para el acuerdo, señaló Ferre.

"La voluntad del Gobierno y de la CE es resolver con la mayor celeridad posible el caso defendiendo en nuestro caos los intereses de los astilleros en España", explicó.

Señaló que "es de interés de todos" que este asunto se resuelva con celeridad, al tiempo que apuntó que es de interés para el propio sector naval "que se restablezca la seguridad jurídica".

"Tenemos voluntad y determinación de seguir esforzándonos para seguir en el procedimiento y alcanzar una decisión con la mayor celeridad posible", reiteró Ferre.

Acompañado del secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, Ferre se reunió igualmente con el comisario europeo de Fiscalidad y Políticas contra el Fraude, Algirdas Semeta, así como con varios eurodiputados españoles en su visita a la sede del PE en Estrasburgo.

La CE pidió el pasado 17 de julio a España que recuperase las ayudas fiscales concedidas al sector naval entre mayo de 2007 y 2011 por su incompatibilidad con la legislación comunitaria.

España presentó el pasado 26 de septiembre ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) un recurso contra la decisión.