Gobierno estudia evitar por ley las "instituciones disfrazadas" de públicas

  • El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado que una nueva ley podría limitar las actividades que corresponden a empresas públicas para evitar que "instituciones disfrazadas" puedan eludir controles administrativos e incurrir en déficit.

Madrid, 11 ene.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado que una nueva ley podría limitar las actividades que corresponden a empresas públicas para evitar que "instituciones disfrazadas" puedan eludir controles administrativos e incurrir en déficit.

En una entrevista en Radio Nacional, Beteta ha asegurado que todas los gobiernos autonómicos han aceptado "notarialmente" que a 31 de diciembre de 2012 estén eliminadas del sector público cerca de 450 empresas, organismos autónomos o fundaciones, tal como constaba en el Plan de redimensionamiento de este sector firmado en 2010.

"Hemos acordado que estén liquidadas notarialmente a 31 de diciembre de este año y las CCAA lo han aceptado", ha puntualizado, tras asegurar que será "duro" y habrá problemas, no solo de valoración sino también porque muchas de las empresas públicas son consorcios o tiene presencia el sector privado o naturalezas de fundación.

En este sentido, ha añadido que "habrá que distinguir" y ha aseverado que si es preciso se dictarán leyes de carácter básico para que no puedan eludir controles administrativos a través de un "disfraz" de empresa pública.

Beteta ha dicho que lo esencial es disminuir el gasto público y que, si es necesario, una nueva norma limitará qué sectores de actividad son de verdad empresas públicas, "y no instituciones disfrazadas".

El secretario de Estado de Administraciones Públicas no ha avanzado una estimación del empleo que puede destruirse con el plan de redimensionamiento del sector público en 2012 y ha puntualizado que los gobiernos autonómicos elaborarán unos informes o "fichas" para que el Gobierno central haga una evaluación exacta de cada una.

En estos informes, el Ejecutivo analizará la deuda que tiene cada empresa y que "habrá que pagar", así como el empleo y los convenios que rigen en cada organismo para ver el coste de despido que tiene ese cierre.

"Es duro y no es nada fácil, pero es imprescindible para el mejor funcionamiento de la hacienda publica. Detrás del déficit público y de su control está el empleo y esta es la obsesión que tienen que tener todos los españoles, y por supuesto las administraciones públicas", ha aseverado.

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