El periodo de gracia concedido por el Gobierno a las empresas para aflorar todo el empleo irregular amenaza con caer en saco roto, a tenor de las otras dos aministías aprobadas en 1984 y 1991.
Así lo han advertido los Técnicos de Hacienda, quienes consideran que "la aplicación de amnistías fiscales para hacer aflorar la economía sumergida no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas".
José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda, justifica este razonamiento en las disparadas cotas de economía sumergida que ha alcanzado nuestro país después de las dos amnistías citadas.
"Los periodos de gracia sólo sirven para que la gente regularice la primera vez gratis; la segunda, ya lo hace menos, porque en la anterior ha perdido el coste de oportundiad de seguir defraudando; y la tercera, vuelve a defraudar", explica Mollinedo, quien también denuncia el "agravio que estas medidas tienen para quienes sí cumplen".
Un claro ejemplo de cómo ha seguido aumentado la economía en nuestro país, a pesar de las dos amnistías citadas, son los 245.000 millones de euros que anualmente esquivan al fisco y que elevan la bolsa de dinero negro de nuestro país hasta el 23% del PIB.
El último gran ejemplo que se ha vivido sobre la capacidad de defraudar de los españoles se vivió a raíz de la entrada del euro, en 2002. Apenas dos años después, en 2004, España tenía 23.000 millones en billetes de 500 euros, cifra que se disparó hasta los 57.000 millones en 2007, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, y que ahora alcanza los 53.000 millones.
"Esto significa que poseemos el 20% de los billetes de 500 de la eurozona, pero nuestra economía no representa el 20% de la riqueza europea", señala Mollinedo, quien también explica: "para que estos números cuadren, cada familia debería tener en casa dos billetes de 500, y todos sabemos que no es así".
Anteriores amnistías
Las dos amnistías que ya ha vivido España y que los Técnicos de Hacienda tachan de estériles se remontan a 1984 y 1991. La primera se dio con motivo de la incorporación a la Unión Europea, lo que nos exigía adoptar un régimen fiscal similar al del resto del Viejo Continente.
Esto suponía asumir el IVA, en vez del IGTE (Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas) que había entonces en España, cuyo control era mucho menor.
Para facilitar el tránsito a las empresas, y que éstas afloraran los patrimonio no declarados, se permitió hacer una declaración de bienes sin ningún coste en la declaración de 1985, correspondiente al ejercicio de 1984.
"Entonces se pensó que esta medida estaba justificada, porque con el IVA ya no se podría defaudar, y el tiempo ha demostrado que no era así", denuncia Mollinedo. "No afloró todo el patrimonio oculto", añade.
En 1991, España estaba necesitada de financiación, como ocurre ahora, y el coste de la deuda pública era muy alto, por lo que se intentó aflorar parte del dinero negro.
Para conseguirlo, se lanzó una campaña de inspecciones masivas y, a quienes se le destaparon irregularidades, se le ofreció comprar unas emisiones de deuda pública especial, que se llevaron a cabo un tipo de interés muy inferior al de mercado.
Los defraudadores consiguieron así, en vez de tener que pagar a Hacienda, quedarse con su dinero e invertirlo en deuda pública, con el único pero de hacerlo con una menor rentabilidad y con el compromiso de no poder tocar ese dinero durante seis años.
"Estas dos medidas sólo obtuvieron el fruto inmediato de haber hecho aflorar unos patrimonios y una renta oculta de manera puntual, pero eso no acabó con el fraude. Al contrario, hemos vivido un aumento de la economía sumergida, que ha coincidido con los tiempos de bonanza", denuncia Mollinedo.
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