La Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria será una realidad a partir de mañana, una vez que el Consejo de Ministros le dé su visto bueno. A través de ella, todas las administraciones se comprometen a aprobar un techo de gasto y a cumplir con el equilibrio en las cuentas públicas. Si no, habrá sanciones que podrían ser hasta penales en los casos más extremos; y por si acaso, habrá que explicar detalladamente los números cada tres meses.
En líneas generales, el párrafo anterior resume los resultados de la reunión de ayer de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el órgano que reúne al Gobierno y los representantes de las entidades locales, encabezada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Juan Ignacio Zoido.
Pero hubo algo más en el encuentro entre ministro y representante de los municipios. Por ejemplo, el nuevo afán del Ministerio de acabar con todos esos organismos ("que no se pueden llamar ni empresas en muchas ocasiones", dijo Montoro en la rueda de prensa posterior al encuentro) que proliferan en los ayuntamientos y que se caracterizan "por no rendir cuentas ante nadie de una forma detallada".
De esta forma, si Hacienda está dispuesta a recortar medio millar de entes autonómicos (de los 2.300 que hay en la actualidad), en los ayuntamientos no ha adelantado cifras, aunque sí ha explicado su tipología: "Todas aquellas que no son empresas de servicio público", aseguró el ministro.
Hasta ahora, cuando se comentaba el recorte entre los órganos regionales, se adujo un interés de terminar con la duplicidad administrativa. Sin embargo, Cristóbal Montoro incorporó una justificación que roza casi con la persecución legal, ya que de sus palabras se desprendió cierto reproche de cuentas ajenas a la intervención pública.
Habrá que reportar cada tres meses
En cualquier caso, de la Comisión Nacional de Administración Local volvió a surgir el compromiso "de todas las administraciones hacia el objetivo del equilibrio presupuestario". A este respecto, el Ministerio más o menos calcó las medidas que ya cediera a las autonomías la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Concretamente, se articularon tres acciones con la idea de "mejorar la liquidez" de la administración municipal: la creación de una línea ICO especial para el pago a los proveedores, la ampliación de cinco a diez años del plazo para saldar las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 con el Estado y el adelanto de hasta un 50% de la financiación de 2012 casi de forma inmediata.
Sin embargo, para poder acceder a estas medidas, y según ha explicado el Ministerio, se propuso que las entidades locales incluidas en el ámbito definido en las artículos 111 y 135 de la Ley reguladora de Haciendas Locales (las más grandes) remitan trimestralmente al Gobierno central"información de la evolución de su tesorería y de los saldos pendientes de pago a proveedores, de manera que dichos saldos se vayan reduciendo correlativamente como consecuencia de las medidas adoptadas"
Igualmente, se ha propuesto que remitan trimestralmente información de la ejecución de los planes de restructuración del sector público, para empezar por algún sitio el marcaje a las empresas fuera del foco de vigilancia pública.
Además, los presupuestos recogerán información "sobre necesidad de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, datos de evolución de su nivel de endeudamiento, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado".
Y por último, remitirán al Ministerio las memorias justificativas de los costes y rendimientos de los servicios públicos que presten y que acompañan a la Cuenta General.
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