La tijera a las empresas autonómicas empezará por los organismos más burocráticos

  • El tejido empresarial de las autonomías está a punto de empezar una dieta. El Ministerio de Hacienda quiere reducir en medio millar los organismos públicos regionales y en unos días presentará un informe que recoge las elegidas. Y entre las elegidas hay muchos entes relacionados con la gestión y la burocracia. En cuanto a las comunidades que más deben aplicarse destacan Castilla-La Mancha y Baleares.
Álex Medina R.
Álex Medina R.

Medio millar de empresas autonómicas tienen los días contados. El Gobierno del PP quiere perder peso a costa de eliminar entidades públicas y su objetivo más inmediato ya está fijado: 514 desaparecerán del organigrama regional, un 22% del total que había hace poco más de un año (de 2.359 a 1.845).

¿Y qué tipo de servicios se perderán? ¿Qué comunidades serán las más afectadas? La mayoría de los membretes que se borrarán serán meramente administrativos o burocráticos, seguidos de servicios sociales; y Castilla-La Mancha y Baleares tendrán que perder más de la mitad de su estructura adicional.

Las cifras proceden delúltimo Informe sobre la reordenación del Sector Público Autonómico, elaborado por el Ministerio de Hacienda y actualizado a fecha de 1 de julio de 2011. En él se recoge, objetivo por objetivo, lo poco que adelantó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el pasado Consejo de Ministros.

La mano derecha del presidente habló de un compromiso al que llegaron Estado y autonomías en la primavera de 2010 para borrar más de medio centenar de empresas de forma casi inmediata. Pese a que todos los gobiernos firmaron, sólo se han suprimido 69 entes, un 13% de lo fijado, resaltó la vicepresidenta.

Sobre las 500 que se elegirían a partir de ahora aseguró que sería objeto de debate del Consejo de Política Fiscal y Financiera (el órgano que reúne a todas las administraciones) de la semana que viene. De momento, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunió ayer por la tarde con las autonomías del PP para perfilar posturas.

Sin embargo, el informe de julio ya establece las mismas coordenadas sugeridas por la portavoz y explica algunas más. Por ejemplo, detalla el reparto por autonomías de los ajustes y también determina los sectores de actividad de las empresas elegidas para su desaparición.

A este respecto, un 29,6% de las sociedades a suprimir están englobadas dentro de la clasificación de administración pública, lo que, según el Instituto Nacional de Estadística, apunta a entes de gestión.

Otro 7,3% serían organismos dedicados a "actividades administrativas y servicios auxiliares", con lo que casi cuatro de cada diez objetivos señalan a una reducción de la burocracia.  

También habrá recortes en servicios básicos, dado que el 14% del total de eliminaciones responden a este epígrafe. Eso sí, el grueso de estas reducciones consisten en integraciones en uno solo de varios entes: es decir, si hay varias agencias repartidas en distintas provincias se unifica en un servicio central. No se pierde el servicio.

Con cerca de un 8% de representación también destacan las empresas vinculadas a la construcción y otro 8% serían "actividades profesionales, científicas y técnicas". Por último, un 5% engloba a "actividades artísticas, recreativas y entretenimiento" y un 3,9%, a sociedades de gestión del agua.

Como ocurre con las empresas sanitarias y sociales, la reestructuración suele pasar en muchos casos por fusiones entre algunas de poco rango.

Los que tienen más por hacer

Indpendientemente de a qué se dediquen, el informe recoge autonomía por autonomía su compromiso de tijeretazo (para más detalles, ver gráfico adjunto). De este modo, en términos relativos las más exigidas son Castilla-La Mancha (que debía acabar con el 55,8% de su tejido empresarial) y Baleares, con una petición del 52,8%.

Pasado el tiempo (todas las previsiones se realizaron en verano de 2010 y la actualización es de un año después), los manchegos han hecho casi la mitad de los deberes y han terminado con 25 de las 48 previstas. En las islas han sido algo más lentos y sólo han recortado seis de las 93 planeadas.

Volviendo a los objetivos generales, en términos totales, Andalucía debe dejar en 266 sus empresas públicas, desde las 377 que tenía en verano de 2010 (sólo ha bajado cinco desde entonces).

Cataluña, que es la autonomía con mayor número total de entes (hasta 456) partía de un plan más cómodo: 67 (un 15% del total, frente al 30% que se le reclamó a andaluces, por ejemplo). No obstante, un año después de firmar su compromiso, sólo ha eliminado dos.

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