Budapest, 17 feb.- El Gobierno húngaro informó de que hoy ha enviado en una carta a la Comisión Europea (CE) las respuestas a los expedientes abiertos por Bruselas y mostró sus disposición a una rápida solución al litigio.
El pasado 17 de enero, Bruselas abrió tres expedientes de infracción contra Budapest en lo relativo a la independencia del Banco Central, a la de la Autoridad de Datos y sobre el adelanto de la jubilación de los jueces hasta los 62 años, dando a Budapest un mes para responder a ellos.
En un comunicado conjunto, los portavoces del Gobierno y del primer ministro conservador, Viktor Orbán, informaron de que el Ejecutivo envió sus respuestas a los tres procedimientos de infracción iniciados y "a otras dos preguntas de la CE sobre el funcionamiento del sistema judicial y la situación de la prensa".
La disputa sobre el Banco Central frustró las conversaciones informales con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea sobre un préstamo de hasta 20.000 millones de euros para apuntalar la economía magiar, duramente golpeada por la crisis.
En el comunicado no se especifican las respuestas del Gobierno de Orbán, quien dijo ayer en la radio pública que "no hay nada nuevo" en ellas, aunque admitió que en dos casos (Banco Central y Autoridad de Datos) Budapest deberá modificar sus leyes.
En relación con la jubilación de los jueces, el primer ministro afirmó que en Hungría "se está realizando una reforma del sistema de jubilaciones y los jueces no podrán ser una excepción".
El comunicado de hoy señala que el Gobierno húngaro está comprometido "con los valores europeos y sigue dispuesto a consultar con todas las instituciones de la Unión Europea".
El Parlamento Europeo expresó ayer en una resolución su "profunda preocupación por la situación en Hungría en relación con el ejercicio de la democracia, el Estado de derecho, el respeto y la protección de los derechos humanos y sociales".
Por ello, la Eurocámara aprobó realizar su propia auditoría sobre los progresos de Hungría para adaptar varias polémicas leyes a los principios de la Unión, un examen que, de no superarse, podría privar de voto a Hungría en los consejos de la UE.
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