Panamá, 6 feb.- Los líderes de la protesta indígena antiminera, que este domingo dejó un muerto en enfrentamientos con la Policía, condicionaron hoy el diálogo con el Gobierno de Panamá a la liberación de los manifestantes detenidos durante la refriega y a la participación de la ONU como observador, entre otros.
El Gobierno de Ricardo Martinelli hizo anoche una nueva oferta de diálogo a los líderes de la etnia Ngäbe Buglé después de que la Policía dispersara la protesta con la que mantenían cerrada, por sexto día, la vía Interamericana, que comunica al país con el resto de Centroamérica.
Los enfrentamientos dejaron al menos un manifestante muerto, 46 heridos, seis de ellos agentes del orden, y 44 detenidos, 10 de ellos menores, según los datos oficiales.
El presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, Rogelio Montezuma, dijo hoy a la prensa local que para iniciar un diálogo se debe retirar a la Policía Nacional que permanece en el área que estuvo bloqueada hasta ayer.
Los choques más fuertes se registraron a casi 400 kilómetros al oeste de la capital panameña, en el tramo entre San Félix, en la provincia de Chiriquí, y en Viguí, en la vecina provincia de Veraguas, epicentro del bloqueo carretero, aunque también hubo enfrentamientos en otros puntos de la Interamericana.
El líder indígena también pidió el cese de la "represión y persecución" a la que, según él, las autoridades someten a los miembros de la Coordinadora, publicó la versión electrónica del diario La Prensa de Panamá, que informó de los resultados de una reunión de los líderes indígenas celebrada esta madrugada en San Félix.
La liberación "inmediata" de todos los detenidos el domingo, el "apoyo" a los familiares del manifestante muerto y el restablecimiento de las comunicaciones de telefonía móvil en la zona de conflicto son otras de las condiciones establecidas por la jefatura indígena, afirmó Montezuma, según la prensa.
Desde el sábado pasado permanece suspendido el servicio de telefonía celular en las áreas afectadas por la protesta indígena, una medida de "seguridad del Estado", explicó ayer el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.
Montezuma también señaló que los indígenas exigen que la Iglesia evangélica, el rector de la Universidad de Panamá y el relator de las Naciones Unidas en Panamá actúen como observadores de las negociaciones con el Gobierno.
Los indígenas reclaman que en una ley, que discute el Parlamento unicameral y que veta las actividades mineras en su comarca, se añada también la prohibición de desarrollar hidroeléctricas.
El Gobierno se opone a ello por considerar que en el acuerdo alcanzado el 27 de febrero de 2011 con los indígenas Ngäbe Buglé para resolver una protesta similar, ambas partes pactaron la protección de los recursos hídricos, pero en ningún caso prohibir su explotación.
Medios locales informaron este lunes que se han reproducidos otras protestas callejeras en el interior del país, en apoyo a los indígenas, que han sido enfrentadas por la Policía con gases lacrimógenos.
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