Industria multiplicará por diez las sanciones a las operadoras infractoras

Madrid, 13 sep.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá imponer multas de hasta 20 millones de euros a las infracciones muy graves en materia de telecomunicaciones, lo que supone multiplicar por diez las sanciones que actualmente se ponen, de acuerdo a la nueva normativa del sector aprobada hoy.

Fuentes de Industria han indicado que el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones aprobado hoy en Consejo de Ministros ha realizado una "reordenación" de las infracciones, que actualmente no se correspondían adecuadamente con la gravedad de cada actuación, y que implica una reclasificación de las mismas.

"Podía haber una multa muy alta" por una infracción no demasiado grave, han indicado desde Industria, para añadir que se trata de "sancionar de manera proporcionada".

Además, se han incorporado algunas infracciones nuevas, en línea con la nueva regulación -como la obligación de contar con la titularidad del espectro radioeléctrico antes de emitir-, y se ha incrementado la cuantía de las multas.

Como ejemplo de infracción muy grave, sancionada con hasta 20 millones de euros (frente a los 2 millones actuales), figuran las interferencias perjudiciales que dañan la prestación de un servicio, como sería el caso de una operadora ilegal que interfiera en las frecuencias de navegación aérea, poniendo en peligro la seguridad de las personas.

Sería una infracción grave, multada con 2 millones de euros (frente a los 0,5 millones actuales), una interferencia perjudicial que no produzca daños tan graves y una leve, sancionada con 50.000 euros, una perturbación del espectro que no elimina el servicio.

Estas mismas fuentes han explicado que la nueva regulación recoge la posibilidad de que "en casos justificados" Industria pueda "imponer el uso compartido de las infraestructuras", aunque el espíritu general de la Ley es que las operadoras lleguen a acuerdos entre sí.

Este incentivo al uso compartido afecta también a otras empresas, como eléctricas y gasistas, que serán instadas a ceder sus derechos de paso para el despliegue de redes de telecomunicaciones.

Industria considera que las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y, por ello, las obras de su instalación son de interés general.

Por este proyecto de Ley, Industria asume dos nuevas competencias que hasta ahora pertenecían a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), el registro de operadores y la asignación de bloques de numeración, mientras que la nueva Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) mantiene el resto.

El nuevo regulador estará pues a cargo de la vigilancia de la competencia, las obligaciones de los operadores, las ofertas mayoristas, la resolución de conflictos entre operadores y la portabilidad numérica, entre otras cuestiones.