Informe independiente en Perú critica la represión contra las protestas

Lima, 17 jul.- Ante los conflictos mineros, el presidente peruano, Ollanta Humala, ha seguido con la misma represión y persecución de los dirigentes sociales, ambientalistas y autoridades locales que sus predecesores, señaló hoy un informe independiente.

Según el décimo informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú, el Gobierno de Humala aplicó un "manejo militar" en los últimos conflictos antimineros, como "la declaración de estados de emergencia, la militarización de las calles y abusos de las fuerzas del orden que ya han provocado la muerte de 15 personas" en las protestas.

Desde hace cinco años, el Observatorio de Conflictos Mineros supervisa la actividad minera en las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Apurímac y Piura ante el creciente clima de protestas sociales.

En su último análisis, el Observatorio afirmó hoy que los estudios de impacto ambiental, realizados para autorizar concesiones mineras y extractivas en Perú, son insuficientes y han quedado desfasados porque sólo permiten medir los impactos por cada proyecto, pero se desconoce lo que sucede en una misma zona cuando se piensa desarrollar dos o tres proyectos a gran escala a la vez.

El informe agregó que "es imprescindible contar con una política y una ley de Ordenamiento Territorial que regule el uso, la ocupación, la transformación del territorio y que propicie su uso sostenible".

Asimismo, indicó que se hace necesaria "la implementación de políticas de protección de cabeceras de cuenca y de zonas productoras de agua", una de las principales demandas de las poblaciones en las zonas de influencia de la actividad minera.

El informe del Observatorio señaló que Apurímac tiene el 58,8 % de su territorio con concesiones para la minería, la región Cajamarca tiene el 48 %, Junín el 25,9 %, Piura el 31 % y Cuzco el 21 % de su geografía.

Cajamarca es uno de los ejemplos más representativos de la evolución de los conflictos mineros en Perú por la oposición de sus autoridades regionales al proyecto Conga, donde la empresa Yanacocha planea extraer oro tras vaciar cuatro lagunas con una inversión de 4.800 millones de dólares.

Según el Observatorio, "de cómo se resuelva el conflicto en torno al proyecto Conga va a marcar la pauta respecto a otros conflictos", pues Humala se manifestó en campaña electoral a favor de respetar el agua, antes que el oro.

El informe recordó que el Ministerio del Ambiente había reconocido "el impacto negativo que sufrirían las cabeceras de cuenca y la depredación de los ecosistemas frágiles" tras el estudio de impacto ambiental de Conga, pero que después fue desconocido por el Gobierno.

La actividad de Yanacocha en otros yacimientos de Cajamarca ha llevado "progreso" a esa región andina, pero en contraposición el 40 % del valle ha desaparecido, hay racionamiento de agua y cada día crece la prostitución y la delincuencia, anotó el informe.

La región con más concesiones mineras, Apurímac, tiene uno de los proyectos más importantes en extracción de cobre, Las Bambas, a cargo de la suiza Xstrata, pero las comunidades protestaron el año pasado porque no había generado el número de puestos de trabajo ofrecido y este año hubo otra marcha pidiendo la derogatoria de normas contra la minería ilegal.

En la región Cuzco, las autoridades del distrito de Espinar también protestaron contra Xstrata, que explota el yacimiento Tintaya, por la existencia de 28 personas contaminadas con mercurio, 24 con arsénico y 10 con valores de cadmio por encima del valor referencial.

En Junín, "no existe claridad sobre el futuro del complejo metalúrgico y la ciudad de La Oroya", a raíz de la liquidación de la empresa Doe Run que operaba en el lugar y la incapacidad del Estado para sancionarla por la contaminación causada, indicó el informe.

La norteña región Piura "sigue siendo una zona de resistencia a la implementación del proyecto Rio Blanco por una serie de cuestionamientos legales, ambientales y sociales", añadió el documento.