Los Presupuestos Generales del Estado 2023 serán recordados por incluir un gasto social récord y la contribución de cada programa a objetivos medioambientales. Es la primera vez que el Gobierno desglosa el porcentaje, en un esfuerzo por ir más allá de la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De un total de 169 partidas, el Ejecutivo asegura que más de la mitad (52,8%) cumplen al menos uno de los ejes climáticos, por un importe superior a los 33.270 millones de euros, lo que representa más de un tercio del total.
Las cuentas públicas para el próximo año ligan así los proyectos con iniciativas relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos, la transición hacia una economía circular o la protección y recuperación de la biodiversidad, entre otros, con la partida de infraestructuras y ecosistemas resilientes a la cabeza. Sin tener en cuenta los gastos financieros y de personal, el 92,4% del presupuesto de esta política tendrá como finalidad la consecución de estos objetivos, seguido de las subvenciones al transporte, en la que alcanza el 72,6%.
La nota negativa es que tan solo dos de ellos se espera que tenga un impacto alto en este sentido por encima del 70%, mientras que la repercusión del grueso de los apartados analizados (cinco de once) oscilarán entre el 70 y el 30%. En esta subcategoría se encuentran el acceso a la vivienda y fomento de la edificación con un 60,9%, en el que destacan los programas de construcción de viviendas en alquiler social en edificios eficientes desde el punto de vista energético. Cabe destacar que una parte de todas las partidas verdes citadas se va a ejecutar gracias al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
El documento publicado por Moncloa también pone el foco en el sector industrial, con el que se pretende dar un impulso al coche eléctrico a través de un plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga o la compra de este tipo de vehículos. Llama la atención que también busque impulsar el ‘proyecto país del hidrógeno renovable’, pese a que solo se presupuestan 56 millones de inversión, casi diez veces menos de lo invertido este 2022.
Respecto al sector turístico, contempla alrededor del 42% de iniciativas verdes, siendo las actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad o la búsqueda de un turismo más enfocado en la sostenibilidad los principales ejes. En esta ocasión, el departamento capitaneado por María Jesús Montero ha metido la tijera en la partida dedicada al turismo, con un recorte del presupuesto del 39% con respecto al año anterior, hasta los 1.050 millones, cifra que representantes del sector ven como "decepcionante" al considerar que menosprecia a las empresas que antes de la pandemia fueron la locomotora económica de España.
Interés por la financiación verde
Los inversores se han vuelto más exigentes con los proyectos en los que invierten y los criterios medioambientales han ganado peso en los últimos años al calor del desarrollo de los criterios ESG. Según datos de Inverco, alrededor del 25% de la inversión total en fondos nacionales se destina a productos que incluyen criterios de sostenibilidad en España, cifra que avanza a paso lento y se encuentra rezagada con respecto a la media europea, que se ubica por encima del 50%. Bajo este paraguas, el Tesoro español debutó en este mercado hace casi más de un año con la emisión de sus primeros bonos verdes a 20 años por un volumen de unos 5.000 millones, despertando el apetito de los inversores.
Animado por la acogida que ha tenido, a lo largo del año también ha abierto varias subasta de bonos verdes, convirtiéndose en un elemento estructural de la financiación del Tesoro, por lo que espera más reaperturas para 2023. El objetivo del Tesoro es alcanzar un volumen en circulación del bono verde entorno a los 15.000-20.000 millones de euros. La estrategia que siguen desde Moncloa va en línea con el 'Proyecto 55' impulsado desde Bruselas que se fija como meta reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero un 55% de aquí a 2030, con la meta de ser neutrales en carbono en 2050. Algo en lo que España todavía no ha cumplido los deberes si se tiene en cuenta que en 2021 incrementó en un 4,39% las intensidad de las emisiones de dióxido de carbono en comparación con 2020, según PwC, en línea con la media del Viejo Continente. El tiempo corre en contra de los objetivos climáticos.
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