Italia aprueba medidas para aligerar su burocracia y promover el crecimiento

Roma, 27 ene.- El Gobierno tecnócrata de Italia, que preside el excomisario europeo Mario Monti, aprobó hoy nuevas normas destinadas a agilizar la burocracia del país, que se incluyen dentro de las actuaciones del Ejecutivo orientadas a promover el crecimiento de la economía.

Estas nuevas medidas fueron aprobadas en forma de decreto ley en un Consejo de Ministros celebrado en Roma y que duró cerca de seis horas.

Al término de la reunión, Monti aseguró en rueda de prensa que se trata de nuevas "normas de simplificación orientadas a los ciudadanos y a la economía", al tiempo que destacó que "mejoran la competitividad".

"Es la tercera iniciativa de envergadura en dos meses para dar a Italia una economía más productiva y competitiva y, por lo tanto, más fuerte, liberando su potencial de crecimiento y ocupación", afirmó.

Esta nueva batería de reformas se suma al plan de ajuste presupuestario de más de 30.000 millones de euros aprobado en diciembre de 2011 y al amplio plan de liberalizaciones que salió de la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes.

Monti explicó que con este paquete de medidas se quieren "modernizar" las relaciones entre la Administración Pública, los ciudadanos y las empresas, centrándose en iniciativas digitales y de innovación.

Así, el decreto ley prevé, entre otras, reformas destinadas a agilizar los trámites para los ciudadanos, estableciendo que las inscripciones en los registros civiles se realicen a través de internet.

Se simplificarán, además, los procedimientos para la contratación de trabajadores de fuera de la Unión Europea y se establecerá que los carnés de identidad expiren coincidiendo con la fecha del cumpleaños, para evitar así "los inconvenientes que con frecuencia derivan del no percatarse de la caducidad".

Para las empresas, entre otros puntos, el decreto ley establece que la verificación del cumplimiento de requisitos para participar en la adjudicación de licitaciones pública se realice a través de un Banco Nacional de contratos públicos, lo que simplificará este procedimiento.

Por otra parte, se introducirá para las diferentes administraciones estatales la obligación de presentar de forma anual un informe sobre el balance de los costes administrativos que pesan sobre empresas y ciudadanos.