Burgos, 15 nov.- El coordinador de IU en Castilla y León, José María González, ha entregado hoy un escrito a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma en el que considera que hay una "base razonable e indicios suficientes" para investigar posible delitos societarios en las cajas de ahorros de la comunidad.
En el escrito se señala que el delito se habría cometido por aquellos que prevaliéndose de su condición mayoritaria en los órganos de administración han logrado que las entidades públicas de ahorro hayan adoptado acuerdos con ánimo de lucro propio o en perjuicio de terceros.
En declaraciones a los periodistas, González se ha preguntado "qué se ha hecho por parte de los órganos de gobierno de las cajas" para que mientras cada vez se concedían menos créditos a empresas y particulares se haya concedido a integrantes de esos órganos grandes cantidades en préstamos en condiciones "muy ventajosas e indemnizaciones también de elevada cuantía".
De hecho, en el escrito se hace una referencia aparte al exalcalde de León Francisco Fernández, que fue prejubilado por Caja España, para lo que "se pudo aprovechar de su condición de alcalde para obtener dádiva, retribución o favor, lo que podría suponer un delito de cohecho.
González ha insistido en que las cajas de ahorro, que hoy están integradas en grupos, tenían un fin social que no era el de beneficiar a quienes estaban en sus órganos de gobierno.
En el escrito se hace referencia a posibles irregularidades cometidas por Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja Ávila y Caja Segovia, si bien en el caso de la entidad burgalesa no se pone ningún ejemplo concreto.
Las propias entidades reconocieron en 2006 haber prestado o avalado a miembros de sus consejos de administración por casi 211 millones de euros, lo que suponía un incremento del 20% respecto al ejercicio anterior.
También se indica que en 2010 el porcentaje de préstamos de las cajas a sus consejeros había crecido un 44 %, mientras había bajado un 15 % el préstamos para compra de vivienda, un 33 % el destinado a pequeñas y medianas empresas y un 39 % el concedido a grandes sociedades.
Junto a lo que denominan "autocréditos" los representantes de IU piden que se investiguen indemnizaciones, jubilaciones y otros pagos extraordinarios.
En el mismo escrito se mencionan como posibles beneficiarios a Francisco Rubio, consejero y vicepresidente tercero de Caja Duero; al expresidente de Caja España, Santos Llamas, al exdirector general, Ignacio Lagartos y al vicepresidente de la entidad y alcalde de León, Francisco Fernández; a Manuel Escribano, de Caja Segovia.
El fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha explicado que el primer paso que dará será determinar si es competente para investigar estos asuntos antes de iniciar en su caso las averiguaciones necesarias.
Fuentes de IU han adelantado a Efe que acaban de recibir una comunicación en la que la Junta de Castilla y León les indica que en breve recibirán la documentación sobre los actos que el gobierno regional ha hecho en relación con la Ley de Cajas desde 2000 a 2010.
El procurador de IU José María González había pedido esta documentación a la Mesa de las Cortes de Castilla y León para saber si el gobierno regional ha ejercido adecuadamente su labor de control de las cajas de ahorros. EFECOM
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