Sevilla, 2 oct.- Izquierda Unida, socio del gobierno de coalición, no comparte la idea de que a la Administración andaluza no le queda "grasa" para seguir "adelgazando", como sostuvo ayer la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y ha apostado por una "auditoría activa" del sector público para reducir el gasto.
El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha hecho hoy un llamamiento público, en conferencia de prensa, a los socios del gobierno de coalición, a los que ha recordado que los acuerdos y decisiones en materia presupuestaria, como en otras materias, tienen que ser adoptados por las dos fuerzas políticas.
"Ya está bien, la consejera es la responsable técnica de los presupuestos, pero en Andalucía hay un gobierno de coalición y tenemos que ser los dos los que acuerden y decidan", ha advertido el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, quien ha dicho que su formación está "molesta" porque se están dando "por sentados" algunos aspectos de los presupuestos de la Junta para 2014 que no han sido acordados por ambas formaciones.
Ha recordado, en este sentido, que el PSOE e IU siguen negociando el proyecto de presupuestos -se han celebrado cinco reuniones hasta el momento- y que hay cuestiones, como la relativa a los salarios de los empleados públicos, cuyo debate dejarán para el final, por lo que todavía no se puede descartar que la Junta no vaya a complementar las pagas extras.
"Esa doble penalización (del Gobierno central y la Junta) es injusta y dejaremos para el final el capítulo de Personal para ver si el decreto de la Junta se prorroga en los mismo términos o no", ha puntualizado el portavoz de Hacienda de IU, Ignacio García.
"Queremos hablarlo, debatir todo lo que haga falta y no dar cuenta de los datos hasta que el Gobierno presente el proyecto", ha señalado.
Del mismo modo, IU sigue pensando que hay "margen" para "profundizar" en la posibilidad de nuevos ingresos fiscales y no descarta que puedan imponerse tasas a las grandes superficies o a las bebidas azucaradas, así como que se revisen determinadas exenciones fiscales y que se rentabilice el patrimonio de la Junta, mediante su venta en algunos casos.
La federación de izquierdas cree que también hay cierto margen para el ahorro a través del capítulo de gastos, mediante una optimización de los contratos de bienes y servicios, una reducción de la externalización de estos y la puesta en marcha de planes de racionalización del gasto operativo (energía, seguros).
El portavoz de IU ha reconocido que existen discrepancias en algunos aspectos, como en materia de impuestos, pero ha pedido -como así acordaron los socios- que se aborden en el grupo de trabajo creado al efecto tras lamentar que algunos "no se den cuenta de que están donde están porque IU lo ha querido".
Respecto al "adelgazamiento" de la Administración autonómica, IU defiende que se analice "empresa a empresa, fundación a fundación" para acometer medidas en cada una de ellas, como se hizo en la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda, departamento que gestiona IU.
"Hay muchos elementos por exprimir, hay un sector público que todavía necesita de una auditoría activa", ha enfatizado Castro, que cree que el análisis de los expertos se puede hacer en un plazo inferior al propuesto por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de hecho se hizo en EPSA, donde se detectó un exceso de directivos "o gente que no tenía que estar allí".
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