Jueces para la democracia pide al cgpj que defienda a los magistrados españoles ante presiones del fmi

La asociación Jueces para la Democracia (JPD) pidió este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que defienda a los magistrados y jueces españoles ante las afirmaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en las que se asegura que se está perjudicando la reforma laboral con una interpretación restrictiva de los despidos.
En un comunicado, la asociación afirma que con estos reproches se pretende que “nuestros tribunales actúen de acuerdo con unos objetivos económicos prefijados, sin tener en cuenta los derechos de las partes en los procedimientos laborales”.
JpD también recuerda que “la jurisdicción social española resuelve jurídicamente los litigios con una ponderación adecuada de los legítimos derechos e intereses de las empresas y de los trabajadores, a través de las soluciones correctas jurídicamente para cada caso concreto”.
“Pese a las afirmaciones del FMI, no debe olvidarse que las personas no pueden ser tratadas como mercancías que están sujetas absolutamente a las leyes del mercado, por lo que su dignidad implica la protección de sus derechos fundamentales”, señala la asociación.
Además, recuerda que los jueces españoles “únicamente están sometidos al imperio de la ley y de los principios constitucionales, según establece nuestro ordenamiento jurídico” y subraya que esta actuación judicial es “la propia de un Estado Constitucional con división de poderes, en la que nuestros tribunales son la garantía ante cualquier vulneración de derechos”.
La asociación considera que es “preocupante que organismos internacionales como el FMI pretendan presentar como soluciones técnicas e inevitables lo que son meras apuestas ideológicas desde una visión partidista de las relaciones económicas”.
AFIRMACIONES SIN RIGOR
Según JpD, las afirmaciones del FMI sobre la actuación de los tribunales españoles “carecen del más mínimo rigor, sin que se aporten datos objetivos para valorar la adecuación de las resoluciones judiciales en los casos concretos”, en todo caso, añade, “cualquier perspectiva sobre la situación económica puede ser muy respetable, siempre y cuando no se pretenda presionar a nuestros tribunales para que dicten resoluciones inconstitucionales".
Por último, la asociación se dirige al CGPJ para que exprese al FMI “cuáles son los deberes constitucionales de nuestros magistrados, entre los cuales no se encuentra el de seguir los dictados de ningún organismo económico internacional, por muy poderoso que este sea”.