La Junta incluye proyectos de inserción en la contratación pública que prime a receptores de RGC o mujeres maltratadas

La consejera de Familia y Servicios Sociales, Alicia García, ha explicado este acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y ha detallado que además de esta novedad destaca la ampliación de la reserva de contratos a las empresas de inserción laboral y la puesta en marcha de un catálogo de posibles cláusulas sociales que se incluirá en un banco de Buenas Prácticas.

Alicia García ha destacado que los resultados obtenidos con la aplicación del acuerdo de 2012 de cláusulas sociales, por lo que el nuevo acuerdo consolida todos los aspectos sociales incorporados la norma anterior sobre reserva de contratos para Centros Especiales de Empleo y la práctica habitual de incorporación de cláusulas sociales a los contratos en la contratación ordinaria.

Además, la norma aprobada hoy incorpora también a las empresas de inserción en el mecanismo de reserva de contratación vinculante, reservando anualmente un importe objetivo de contratos de 500.000 euros. Además, el nuevo Acuerdo facilita aún más a los órganos de contratación la incorporación de cláusulas sociales mediante un catálogo de cláusulas explícitas que dé lugar a la puesta en marcha de un 'Banco de buenas prácticas'.

La novedad más destacada del nuevo Acuerdo son los proyectos de inserción socio-laboral, entendidos como actuaciones para fomentar la contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social. Estos proyectos permitirán a las empresas ordinarias incorporar a trabajadores de colectivos desfavorecidos, para lo que se ha dispuesto de una cuantía objetivo de un millón de euros.

El nuevo Acuerdo y sus directrices vinculantes impulsan de esta forma la incorporación de aspectos sociales en la contratación que desarrolle la Administración General e institucional de la Comunidad a través de tres instrumentos bien definidos: cláusulas sociales, reserva de contratos y proyectos de inserción socio-laboral.

El Acuerdo establece la incorporación de cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación pública que primen, a la hora de adjudicar un contrato, a aquellas empresas con una visión más social, a aquellas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.

Esta norma será aplicable con carácter vinculante a toda la contratación desarrollada por la Administración General e Institucional de la Comunidad, incluido el sistema de adquisición centralizada siempre y cuando los costes adicionales que supongan los aspectos sociales que se incorporen a los contratos derivados como condición de ejecución sean asumibles dentro de los precios máximos de los catálogos de homologación.

Se aplicarán las cláusulas sociales a cualquier contrato siempre que sea posible y se optará por incorporar las condiciones que sea más adecuadas para potenciar los aspectos sociales en la contratación. Junto a esto, se añade, como medida social, facilitar el acceso de pymes a la contratación pública, para lo cual los órganos de contratación podrán optar por adjudicar los contratos buscando el tamaño más adecuado de los lotes con el fin de racionalizar la contratación.

La materialización de las cláusulas sociales se realizará mediante su consideración como criterio de valoración de las ofertas, como condición de ejecución del contrato y como preferencia de adjudicación. Para facilitar la labor de los órganos de contratación, el nuevo Acuerdo incluye un catálogo activo de posibles cláusulas a incluir en los contratos, de manera que cualquier órgano de contratación podrá incorporar nuevas cláusulas. Esto dará lugar a la puesta en marcha de un 'Banco de buenas prácticas', mediante una página Web en la que se publicarán las cláusulas sociales recogidas en este Acuerdo y otras nuevas que se vayan desarrollando, con el fin de que sirvan de orientación y asesoramiento en su aplicación.

LA RESERVA DE CONTRATOS SUBE AL 6,8 %

Se amplia además la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a las empresas de inserción. También se ha ampliado el catálogo de actividades objeto de reserva respecto al Acuerdo anterior.

Junto a la incorporación de las empresas de inserción en la reserva de contratos, es destacable también que el compromiso de la Junta de reserva para la participación en los procedimientos de contratación tanto a centros especiales de empleo como a empresas de inserción se eleva del 6,5 por ciento al 6,8 por ciento del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, para el conjunto de actividades que por su naturaleza sean susceptibles de reserva a este tipo de centros y empresas.

Los proyectos de inserción socio-laboral constituyen la novedad más destacada del Acuerdo. Se trata de proyectos con actuaciones de fomento de la contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público. Los colectivos inicialmente destinatarios de estos proyectos de inserción socio-laboral serán beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía acogidos a un programa de inclusión social, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.

Estos Proyectos de Inserción socio-laboral en Castilla y León permitirán que cualquier empresa pueda formar parte activa de la inclusión de aspectos sociales en la contratación, aumentando con ello su responsabilidad social.