La aeat solicitó 300 requerimientos de información a autoridades extranjeras sobre ciudadanos españoles en 2013

La Agencia Tributaria solicitó más de 300 requerimientos de información o trabas a autoridades extranjeras en 2013 con el fin de embargar bienes a residentes en España.
Según informaron a Servimedia fuentes de la Agencia Tributaria, los requerimientos se realizaron con el objetivo de saldar la deuda que esos contribuyentes tienen contraída con la Hacienda española y que no presentan bienes ni ingresos en territorio nacional, por lo que el organismo hace requerimientos para conocer si tienen bienes en el extranjero que sí puedan embargar.
Estas actuaciones, que pertenecen al ámbito de la recaudación de la AEAT, se hicieron en base a la información proporcionada por el modelo 720, que obliga a los residentes en España a informar de sus bienes en el extranjero para declararlos posteriormente en el IRPF.
La AEAT contactó con las autoridades extranjeras tanto para efectuar trabas como para completar la información aportada por el contribuyente aunque.
Este modelo, puesto en práctica desde el año pasado, obliga a informar de las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero y de los valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos fuera de las fronteras españolas.
Si el contribuyente no declara uno sólo de todos los bienes que posee, la sanción mínima sería de 10.000 euros mientras que si no declara más de uno, el mínimo ascendería a 30.000 euros.
Según la Agencia Tributaria, en el ámbito de la inspección el modelo 720 se está empleando para cruzar información con otras fuentes. De este modo, se facilita el trabajo del organismo al contar con una base de datos con la información de bienes en el extranjero de residentes españoles.
De acuerdo con los datos, durante el ejercicio de 2012, más de 131.000 contribuyentes declararon 87.698 millones de euros en bienes y derechos situados en el extranjero.
De esos 87.698 millones, el 51,1% correspondió a valores y derechos como participaciones en empresas o cesiones de capital, entre otros.
El 19,3% se correspondió con instituciones de inversión colectiva; el 16,6% a cuentas bancarias; el 10,2% a inmuebles y el 2,7% a seguros y rentas temporales o vitalicias.