Bruselas.- La Comisión Europea anunció hoy que llevará a España y a Portugal ante la Justicia comunitaria por penalizar fiscalmente a las compañías que cambian su residencia o transfieren parte de sus activos a otro Estado miembro.
El ejecutivo de la UE insiste en que aplicar impuestos "de salida" a esas empresas, como hacen los dos países citados, vulnera el principio de libertad de establecimiento recogido en el Tratado de la UE.
Bruselas pidió a las autoridades españolas y portuguesas que modificaran su legislación en noviembre del año pasado y, ante la falta de respuesta, ha decidido interponer una denuncia ante la corte con sede en Luxemburgo.
Según la legislación española, cuando una compañía establecida en España se traslada a otro Estado miembro o transfiere parte de sus activos, debe incorporar sus ganancias de capital no ejecutadas a la base impositiva de ese ejercicio fiscal, mientras que las derivadas de transacciones nacionales no se incluyen en la base.
La Comisión incide en que ese modelo de tributación penaliza a las compañías que desean dejar el país, por lo que, en la práctica, supone un elemento disuasorio a la hora de decidir dónde establecerse.
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