La CE estudia medidas contra Francia por la prohibición del maíz transgénico

Bruselas, 24 may.- La Comisión Europea (CE) está estudiando posibles acciones contra la decisión de Francia de prohibir temporalmente el cultivo de maíz transgénico, indicó a Efe el portavoz comunitario de Sanidad y Consumo, Frédéric Vincent.

La decisión se produce después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) concluyera esta semana que no hay evidencias científicas que justifiquen esa medida.

"La Comisión está reflexionando sobre la acción más adecuada contra la medida de emergencia adoptada por Francia", indicó el portavoz.

La decisión de la CE se apoya tanto en el dictamen de la AESA como en el hecho de que el maíz MON810 está sujeto a un procedimiento de renovación, en el marco de la normativa europea sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

El pasado marzo Francia prohibió temporalmente el cultivo de maíz transgénico del grupo estadounidense Monsanto hasta conocer los estudios científicos sobre el impacto de ese producto encargados por la Comisión Europea a la AESA.

La Autoridad Europea emitió un dictamen el pasado lunes que afirma que el Gobierno francés no ha presentado ninguna prueba científica sobre la existencia de riesgos para la salud o el medio ambiente ligados a estos cultivos, que pueda justificar una medida de emergencia.

La legislación europea establece que un Estado miembro únicamente puede prohibir el cultivo, consumo o comercialización de organismos modificados genéticamente cuando exista una situación real de riesgo para la salud humana o animal o para el medio ambiente.

Bruselas considera que la decisión de la AESA "confirma el análisis preliminar de la Comisión de que no era necesario suspender o modificar con urgencia la autorización del maíz MON810".

En noviembre pasado fue levantada la moratoria de Francia sobre los cultivos transgénicos de maíz emitida en 2008.

La Comisión Europea recuerda que en junio de 2010 presentó una propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo que pretende dar la posibilidad a los países de decidir sobre el cultivo de transgénicos en sus territorios por motivos distintos a la salud o el medio ambiente.