La CE expedienta a Honeywell y Dupont por acuerdo para fabricar refrigerante

  • La Comisión Europea (CE) informó hoy de que ha abierto un expediente a Honeywell y Dupont por considerar que su cooperación para fabricar un nuevo refrigerante para los sistemas de aire acondicionado en automóviles no es compatible con las normas comunitarias de defensa de la competencia.

Bruselas, 21 oct.- La Comisión Europea (CE) informó hoy de que ha abierto un expediente a Honeywell y Dupont por considerar que su cooperación para fabricar un nuevo refrigerante para los sistemas de aire acondicionado en automóviles no es compatible con las normas comunitarias de defensa de la competencia.

El Ejecutivo comunitario envió un pliego de cargos a ambas compañías para informarles de su preocupación por esta cooperación, que mantienen desde 2010, aunque Bruselas recalca que este documento solo refleja su conclusión preliminar y no prejuzga el resultado final de la investigación.

La CE teme, en concreto, que el acuerdo entre Honeywell y Dupont haya limitado la disponibilidad del refrigerante y su desarrollo técnico, lo que contravendría la legislación europea.

La UE adoptó en 2006 nuevos estándares sobre los sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y combatir el calentamiento global.

El refrigerador que fabrican Honeywell y Dupont es el único disponible para usos comerciales con un potencial de calentamiento atmosférico lo suficientemente bajo, asegura la Comisión.

En consecuencia, Bruselas entiende que la cooperación entre ambas compañías tiene un efecto restrictivo sobre la competencia, una situación que podría considerarse que viola diversos artículos de los tratados comunitarios.

La CE comenzó a estudiar este caso en diciembre de 2011, y su decisión de hoy supone seguir adelante con la investigación.

El envío de un pliego de cargos es un paso formal dentro de las investigaciones que abre la Comisión cuando sospecha que se han violado las normas de competencia.

Las compañías pueden ahora responder al Ejecutivo comunitario, que si considera que las explicaciones de los afectados no son suficientes y constata una infracción, podrá exigir el fin del acuerdo e imponer una multa equivalente al 10 % de los ingresos globales anuales.

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